Todos los partidos parlamentarios han acordado limitar las prejubilaciones dentro de los expedientes de regulación de empleo. Esta es la recomendación más concreta del borrador de reforma del Pacto de Toledo que se debatirá el jueves en el Congreso. Fuentes del Gobierno aseguraron a este diario que el Ministerio de Trabajo lleva tiempo estudiando una reforma de los expedientes de empleo, aunque no se abordará la nueva regulación hasta después de las elecciones generales.
El coste de las prejubilaciones en términos de prestaciones al desempleo constituye un motivo de preocupación para el Ejecutivo, máxime cuando empresas como Telefónica o Renfe utilizan masivamente este recurso para evitar medidas más costosas como el despido.
El antiguo Inem nunca ha dado datos precisos, ni siquiera al Consejo Económico y Social, del coste de las prejubilaciones. Pero, según cálculos de expertos laborales, un trabajador que se prejubile a los 52 años con un sueldo de 1.288,26 euros mensuales (214.348,4 pesetas) genera los dos primeros años de paro un gasto pú- blico de 27.130,9 euros. Como además percibirá el subsidio asistencial durante los 96 meses siguientes, habrá que añadir otros 43.423,49 euros a la cuenta del Instituto Nacional de Empleo.
COSTE ELEVADO Los expertos calculan que el Estado sufraga un promedio de 70.554,44 euros (11,7 millones de pesetas) por cada trabajador que se prejubila a los 52 años.
El número de trabajadores en esta situación es otro secreto que guarda el Ministerio de Trabajo. En el 2002 hubo 39.975 extinciones de contrato a través de expedientes de regulación de empleo promovidos por grandes empresas. Si sólo un 50% de estos trabajadores se prejubiló (el porcentaje puede llegar al 70%), los 20.000 empleados que pasan a la situación de jubilación anticipada suman un coste para el Estado de 1.400 millones de euros (232.940 millones de pesetas) hasta que cumplen los 61 años, momento en que la Seguridad Social se hace cargo de las prestaciones. A esta cantidad hay que añadir los gastos de los expedientes de años anteriores.
La otra cara de la moneda son los 329.257 trabajadores despedidos el año pasado en pequeñas y medianas empresas sin expedientes de regulación de empleo ni "posibilidad de acceder a un plan social que les garantice unos derechos", afirmó Antoni Ferrer, dirigente de UGT.
PSOE e IU demandan una regulación específica de los expedientes de regulación de empleo. CiU exige "una reforma del modelo de prejubilaciones para que el coste no recaiga en el Estado, sino en las empresas", dijo su portavoz en el Pacto de Toledo, Inma Riera. CiU presentará un voto particular al borrador en el que exigirá que cada autonomía gestione los ingresos y los pagos a la Seguridad Social, que las comunidades puedan elevar las pensiones asistenciales y que las prestaciones se revisen según el IPC de cada región.
