El índice de precios de consumo (IPC) registró una subida interanual del 0,7% en noviembre, la misma que en octubre, con lo que ya suma tres meses en positivo, algo que no ocurría desde junio del 2014, según el indicador adelantado publicado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Si se confirman estos datos el próximo 13 de diciembre, el IPC de noviembre registraría, junto al de octubre, la tasa más alta desde el 2013. La inflación de noviembre constata que las pensiones públicas, que subieron el 0,25% a principios de año, han perdido casi medio punto de poder adquisitivo en el 2016.

Hasta el pasado mes de septiembre (cuando los precios subieron el 0,2 %), el IPC había encadenado trece meses sin crecimiento, con doce descensos (el 0,9 % de septiembre de 2015 fue el mayor) y un mes plano (diciembre de 2015, con el 0 %).

REFORMA DEL 2013

Hasta que la reforma del sistema de las pensiones del 2013 acabó con el sistema de revalorización de las pensiones basado en la evolución de la inflación, el IPC de noviembre era el indicador que servía para determinar si las prestaciones habían perdido poder adquisitivo a lo largo de año y, en consecuencia, había que compensar por ello a los pensionistas con una minipaga extra en el mes de enero.

Ese sistema fue extinguido con la reforma del Gobierno de Mariano Rajoy del 2013. Desde entonces, la revalorización de las pensiones se guía por la salud financiera de la Seguridad Social (en actual estado crítico, con un déficit en torno a los 17.000 millones de euros) y, en todo caso, con la aplicación de una subida mínima del 0,25%, que es es la que se ha aplicado desde entonces, para los años 2014, 2015 y 2016.

Como resultado de la diferencia entre una subida de las pensiones de solo el 0,25% frente y una inflación del 0,7% en noviembre, se podría decir que los pensionistas han acumulado en el 2016 casi medio punto de pérdida de poder adquisitivo en el 2016 (el 0,45%) que en principio no será compensado en los primeros meses del 2017, pues ese mecanismo fue anulado con la reforma.

Por ejemplo, una pensión de 1.000 euros apenas subió 2,5 euros en el enero pasado, pero a lo largo del 2016 ha perdido 4,5 euros de poder adquisitivo (hasta los 995,5 euros). Las cantidades son pequeñas en uno y otro caso, pero se convierten en millonarias cuando se multiplican por el gasto total del sistema de pensiones. Para una nómina anual superior a los 140.500 millones, un 0,45% de pérdida de poder adquisitivo implica una cantidad aproximada de 630 millones de euros (de pérdida para los pensionistas y de ahorro para el sistema). La cuantía prácticamente se multiplica por dos (hasta superar los 1.200 millones) pues esa subida del 0,45% no se consolida para ejercicios futuros.

VETO AL CONGRESO

Para el 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy vuelve a plantear una subida del 0,25% de las pensiones. Ayer martes, el Gobierno registró un escrito en el Congreso de los Diputados reclamando la paralización de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley que firmó el PSOE y los demás grupos de la oposición (salvo Ciudadanos) para subir las pensiones durante el 2017 una media del 1,2%. Según el Gobierno, su aplicación supondría un coste para el Estado de más de 1.150 millones de euros sin que se detalle de dónde deberían salir y ese es su argumento para solicitar paralizar la iniciativa.

La Mesa del Congreso deberá decidir si acepta la petición del Gobierno (que ya ha planteado trece vetos similares sobre otras tantas iniciativas de la oposición en el Parlamento) o si la desoye, como ya ha hecho el órgano de Gobierno de la Cámara en tres casos (como el planteado contra la paralizacíon de la Lomce).