La reforma fiscal anunciada por el Gobierno parece haber cogido a contrapié a la plantilla de Ibercaja. Así, el nuevo anteproyecto de ley establece que las indemnizaciones de quienes sean despedidos a partir del pasado 20 de junio deberán tributar --solo el mínimo equivalente a 2.000 euros por año trabajado quedará exento--, por lo que los afectados por el ERE que la entidad aplicará durante el próximo año verán muy mermadas las cantidades a percibir. Según los cálculos de los sindicatos, se reducirá alrededor de un 30% respecto a la legislación que se aplicaba con anterioridad.
Estos cambios fiscales --que también tendrán su efecto en los trabajadores que sufran o estén en plena negociación de un ERE, como es el caso de Jacob Delafón, entre otras empresas aragonesas-- ha generado cierta inquietud en la plantilla de Ibercaja. De hecho, hubo numerosas dudas sobre el impacto de esta medida, no solo en quienes sufrirán el ERE en el 2015 sino también en los que se incluyen en el ajuste que recientemente sellaron la dirección y los sindicatos, y que se tradujo en la salida de más de 280 empleados de Ibercaja.
Ayer, varios sindicatos de Ibercaja indicaron que la negociación del próximo ajuste será "complejo" porque "habría que compensar la reducción de las indemnizaciones", tal y como recoge la nueva reforma fiscal que todavía tiene que pasar el trámite parlamentario. Así, hay prevista la salida unos 200 empleados que cumplirán 58 y 59 años en el 2015. Se trata de personas que, generalmente, llevan más de 30 años en la entidad y que pueden llegar a percibir una media de 150.000 euros de indemnización.
REDUCCIÓN DRÁSTICA De esta cantidad solo quedarían exentos unos 60.000 euros, pero los 90.000 restantes tendrán que tributar, por lo que "la merma puede rondar el 30%", ya que podrían perder alrededor del 45% de ese dinero, según señalaron fuentes sindicales, que añadieron que se trata de un "varapalo" a las indemnizaciones de los trabajadores. En este sentido, un empleado que cobre unos 150.000 euros de indemnización podría recibir finalmente solo unos 105.000 euros. Así, estos trabajadores, a la salida de la entidad (a los 58 o 59 años) tendrán dos años de paro y contarán con ese dinero hasta que se produzca su jubilación anticipada a los 63 años.
Con todo, las organizaciones sindicales señalaron ayer que habrá que ver cómo queda finalmente este proyecto de ley para ver el impacto en los bolsillos de estos trabajadores.
