Cerca de un centenar de personas se concentraron ayer a las puertas de la oficina principal del Banco Popular en Zaragoza, en el número 21 del paseo Independencia, para protestar contra el expediente de regulación de empleo (ERE) que ha planteado la entidad financiera, que supondrá la salida de alrededor de 3.000 trabajadores en toda España.

Se trata de la primera movilización que se lleva a cabo en la capital aragonesa por este ajuste de personal y de la red de oficinas, que dejará muy tocada la estructura del banco en la ciudad. De hecho, el Popular cerrará 6 de las 13 sucursales que tiene en la capital aragonesa y trasladará a Pamplona la dirección regional del banco. En estos centros trabajan actualmente 46 personas, que es la cifra aproximada de despidos que se producirá en Aragón, según estiman los sindicatos. Los afectados, no obstante, no tienen por qué ser los empleados de las oficinas que bajarán la persiana. Todo dependerá de las condiciones de las prejubilaciones, a las que podrían acogerse en la comunidad al menos 21 trabajadores mayores de 59 años, y de las bajas incentivadas.

Por lo pronto, el grupo bancario presidido por Ángel Ron ha puesto ya fecha al cierre de cuatro de las oficinas. La primera en hacerlo será la de la calle Alfonso (el 28 de octubre) y le seguirá la de Compromiso de Caspe (7 de noviembre) y las de la avenida de Madrid y Vicente Berdusán (11 de noviembre).

La movilización fue convocada por la Federación de Servicios de CCOO, aunque contó también con el respaldo de UGT, que ha impulsado una nueva concentración para el próximo jueves 27 de octubre.

Ambos sindicatos exigen una reducción del número de personas afectadas por el ERE, además de mejorar las condiciones de los despidos incentivados y ampliar el cupo de bajas por la vía de la prejubilación, El Popular cuenta con una red de 28 sucursales y 180 empleados en Aragón. H