Agentes de la Policía Nacional han detenido a 29 personas en una operación desarrollada en dos fases sucesivas contra el fraude a la Seguridad Social, en el que la cifra estaría próxima a los 100.000 euros. Entre los detenidos se encuentran empresarios, supuestos trabajadores y una abogada encargada de gestionar las 16 empresas investigadas, 10 de ellas ficticias. Además, otras 19 personas permanecen imputadas en estos hechos, según informó ayer la Policía en una nota de prensa.
La operación es resultado de la colaboración con la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Zaragoza, la Tesorería Provincial de la Seguridad Social de Zaragoza, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Oficina Única de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno de Zaragoza.
Las investigaciones comenzaron en noviembre del 2014 a partir de dos informes de la Inspección de Trabajo en los que declaraban dos empresas de telecomunicaciones de la ciudad ficticias cuyos socios, tres hermanos senegaleses, habrían formalizado contratos de trabajo ficticios con el único propósito de obtener, en unos casos, la renovación de permisos de trabajo y, en otros, el reconocimiento de prestaciones por desempleo.
PRESTACIONES POR DESEMPLEO
Además, los tres hermanos figuraban en una tercera empresa que también estaba siendo investigada en ese momento por la Inspección y todas ellas eran gestionadas a través del Sistema de Remisión de Electrónica de Datos (RED) por una misma persona, una abogada de Zaragoza.
También se determinó la existencia de connivencia entre las empresas y la abogada para simular relaciones laborales con la única finalidad de conseguir renovaciones de permisos de residencia y trabajo, así como autorizaciones de residencia y trabajo iniciales para aquellos extranjeros que se hallaban en situación irregular en España y, en otros casos, para el acceso en fraude de ley a distintas prestaciones económicas de las administraciones españolas, como por ejemplo, prestaciones por desempleo.
En la primera fase de la operación, entre los meses de enero y marzo de este año, se localizaron y detuvieron un total de 17 supuestos trabajadores de estas tres empresas, imputando a otros 13 por delitos contra la Seguridad Social y falsedad documental.
