La policía financiera italiana, cumpliendo las órdenes del tribunal de justicia de Parma, logró detener ayer en Milán a Calisto Tanzi, fundador y número uno del grupo alimentario Parmalat, que se encontraba en paradero desconocido desde que estalló el escándalo por la suspensión de pagos de la compañía. Tanzi, de 65 años, fue interrogado el 22 de diciembre, pero quedó en libertad. El pasado miércoles informó a los jueces de Parma que estaba en el extranjero, pero que pensaba volver pronto a Italia. El juzgado dictó entonces una orden de arresto.
La noticia de la detención se produjo la misma jornada en la que el Tribunal de Quiebras de Parma (norte) declaró insolvente a Parmalat y situó a la sociedad en suspensión de pagos. El juez delegado para gestionar la suspensión, Vittorio Zanichelli, anunció que su primera prioridad será hacer frente a los pagos del suministro lácteo, según informaron fuentes judiciales.
Parmalat, el primer grupo alimentario italiano, con cerca de 37.000 empleados en 30 países, se encuentra en el ojo del huracán de un escándalo financiero tras descubrirse un agujero de al menos 7.000 millones de euros (1,12 billones de pesetas), sobre un volumen anual de ingresos de cerca de 7.600 millones de euros en el 2002. La firma ocultó pérdidas durante 15 años, según se ha descubierto ahora, y todo indica que el agujero podría llegar a superar los 10.000 millones de euros, a medida que vaya avanzando la investigación judicial.
PRIORIDAD A LOS GANADEROS El tribunal de Parma fijó un plazo de 120 días para que los acreedores puedan presentar sus demandas de cobro, sobre las que se establecerá una lista de prioridades. La decisión de pagar en primer lugar a los ganaderos tiene como objetivo garantizar la continuidad de la empresa y evitar el bloqueo de la producción de productos lácteos, una de sus principales actividades. En los últimos días, varias asociaciones de productores italianos habían amenazado con cortar el suministro a la compañía por falta de pago.
El anuncio del tribunal se produjo inmediatamente después de tomar declaración a Enrico Bondi, el nuevo presidente de Parmalat y recién nombrado comisario extraordinario de la compañía por el Gobierno, que el pasado miércoles colocó a la sociedad en administración controlada para evitar su quiebra. Bondi presentó un informe con el estado del patrimonio del grupo e informó sobre sus proyectos dentro del plan de salvación que deberá presentar en los próximos días al ministro de Industria, Antonio Marzano. Bondi dispone, gracias a la nueva legislación italiana para garantizar la continuidad de grandes empresas, de un plazo de seis meses, con posibilidad de tres meses más de prórroga, para presentar un plan de reequilibrio de las cuentas de la compañía.
La crisis de Parmalat ha suscitado un gran debate político sobre el daño a la imagen de Italia y los errores en los organismos públicos de control, que no detectaron el enorme agujero financiero de la multinacional.
