El pleno del Congreso de los Diputados debatirá mañana una proposición de ley presentada por el Grupo Popular para crear un registro «obligatorio» de lobis en el Parlamento, de modo que solo aquellos grupos que asuman un código de conducta de transparencia puedan tener acceso a los diputados para hacer valer sus intereses y tratar de influir en la tramitación de las leyes. Si la iniciativa del PP recibe el apoyo suficiente, el nuevo registro podría estar operativo antes de un año, afirman fuentes parlamentarias.

Según Transparencia Internacional, en España «no hay una normativa que garantice conocer en todos los casos quién influye, cómo, sobre quién, con qué resultados y con qué medios económicos». La oenegé entiende como algo positivo la participación de los grupos de interés en la toma de decisiones públicas, pero defiende una regulación que permita conocer su «huella legislativa» en los resultados. La iniciativa del PP constituye un primer paso, aunque tímido. El registro de lobis que plantea permitirá conocer quién puede influir, pero no cómo, ni sobre quién ni con qué resultados, pues no se alude a la publicidad de las agendas. El código de conducta intenta garantizar que nadie pague por influir.

LOS ANTECEDENTES / La iniciativa del PP parte de que «la interacción de los poderes públicos con las empresas, asociaciones, oenegés, organizaciones comerciales y profesionales, sindicatos, grupos de reflexión, etcétera, es legítima y necesaria para la calidad de la democracia». Por ello, en la exposición de motivos que defenderá la diputada Alicia Sánchez-Camacho se propone una regulación de los grupos de interés con el fin de hacer «más transparente» la participación de «la sociedad civil» en la elaboración de las diferentes leyes.

La idea de un registro de lobis en el Congreso sigue la estela de las instituciones europeas. En España ya existen antecedentes en regiones como, Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana. La CNMC puso en marcha un registro hace un año, de carácter voluntario (el del Congreso sería obligatorio), en el que se han dado de alta casi 400 lobis entre asociaciones empresariales, empresas, despachos y consultoras, oenegés, grupos académicos y de reflexión, colegios profesionales y fundaciones, entre otros.

Solo tres empresas del Ibex 35 (Red Eléctrica, Telefónica y Cellnex) se han inscrito en este registro voluntario, que implica haber firmado un código ético de relación con funcionarios de la CNMC que, entre otras cuestiones, prohíbe traficar con información obtenida o hacer obsequios o invitaciones a los funcionarios.

LOS BENEFICIOS / La mayor parte de las grandes empresas prefieren seguir con el viejo modo de relación con la Administración «basado en el compadreo», según denuncia David Córdova, socio director de la consultora de Asuntos Públicos Vinces y miembro de la Asociación de Profesionales de la Relaciones Institucionales (APRI), que defiende un modelo más transparente.

Para Córdova, un registro de lobis servirá para «disminuir los privilegios de los exaltos cargos políticos o funcionarios que aprovechan sus relaciones para intentar cambiar normas sin ningún control»; también «para eliminar prácticas de diputados y altos cargos que compaginan su actividad con la abogacía». Así, el registro debería ser entendido «como un antídoto» contra las puertas giratorias y no como un estímulo del tráfico de influencias.

«El proceso gana en calidad», asegura Joan Navarro, vicepresidente de Llorente y Cuenca; y en «equilibrio», pues el registro facilitará el acceso a los cargos públicos de grupos menos poderosos. Según Navarro, «desde un punto de vista jurídico, la actividad del lobi está perfectamente regulada en España» desde la Constitución hasta el Código Penal , pero «faltan mecanismos para transparentar esta actividad», por lo que valora la iniciativa del PP como «muy adecuada». «El registro no da ningún privilegio a quien ya lo tiene pero permite abrirlo a otros colectivos», según manifiesta Córdova.

‘LOBIS DE LOBIS’ / Tanto LlyC como Vinces forman parte de lo que podría llamar lobis de lobis. LlyC pertenece a Foro Transparencia junto con otros despachos como Roca Junyent, Solchaga Recio y Asociados, AFI, Cremades y CYC que buscan dignificar la labor de lobi que compaginan con otras tareas. Vinces persigue un objetivo similar desde APRI, a la que también pertenecen otras firmas como Deva y Burson-Marsteller.

Sin embargo, los fichajes de exaltos cargos acaban alimentando el debate de las puertas giratorias, como sucedió con la reciente incorporación del exsecretario de Estado de Hacienda Miguel Ferre a Burson-Marsteller. Otra forma de lobismo profesional es el adoptado por la patronal CEOE, que ha encargado al exdiputado de Unió Josep Sánchez Llibre sus relaciones con las Cortes.

La del PP no será el primer intento desde el inicio de la democracia de regular los lobis, si bien ahora se percibe como algo posible, pues existe mayor coincidencia entre los grupos políticos. Su iniciativa es casi idéntica a otra registrada por el diputado del PDECat Carles Campuzano, pero es una versión descafeinada respecto de la propuesta que Ciudadanos incorporó en su proposición de ley integral de lucha contra la corrupción cuya tramitación fue aprobada por práctica unanimidad en el Congreso el 21 de febrero.

A diferencia del PP, la iniciativa de Ciudadanos (en trámite de enmiendas) afecta tanto al Parlamento como al Gobierno; además, esta sí obliga a dar publicidad a través de la web «a la agenda de los cargos, autoridades y representantes públicos, y a la información resultante de la actividad de los lobistas y lobis y, en particular, a las reuniones y los informes y documentos tratados en ellas o de ellas resultantes», tal como demanda el Consejo de la Transparencia.