Un promotor fotovoltaico que desee instalar en un tejado un conjunto de paneles con fines comerciales debe dedicar 89 semanas a obtener todas las licencias necesarias, según las conclusiones de la plataforma europea PV Legal, creada para acabar con las barreras administrativas en el sector. Según una nota remitida por la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF), España forma parte de los países en los que la complejidad burocrática ha aumentado.
Sin tener en cuenta la moratoria a las renovables aplicada por el Gobierno, el país adolece de una "exagerada burocracia" que supone no solo ralentiza el proceso, sino que lo encarece, asegura. Si se añaden los requisitos de conexión a red, la tramitación de estos proyectos fotovoltaicos supone aproximadamente la mitad de todo el coste de desarrollo, afirma la plataforma.
La nota equipara las dificultades burocráticas de España a la que sufren los promotores de Reino Unido o Bulgaria, y reclama además avances en el proceso de conexión a la red, donde sí se han producido algunas mejoras para las instalaciones menores de 100 kilovatios (kW).
En sus conclusiones, PV Legal aprecia mejoras en la instalación de un pequeño sistema fotovoltaico doméstico en países como Francia, Grecia, Holanda o Portugal, donde el proceso de ha hecho mucho más rápido gracias a la implantación de procedimientos de autorización telemáticos o a la rebaja de los requerimientos para la obtención de permisos.
El proyecto PV Legal, en el que participa ASIF, llega a su fin este mes de febrero, pero en mayo comienzan los trabajos de una nueva plataforma, PV Grid, que profundizará en la problemática de la conexión a red e integrará nuevos participantes, entre los que figuran compañías distribuidoras.
