El PIVE continuará en el 2016 gracias a la prórroga aprobada ayer por el Consejo de Ministros. Sin embargo, por primera vez desde que se pusieron en marcha los planes de incentivación del achatarramiento de coches viejos y su renovación por vehículos nuevos, la prórroga no tendrá un coste añadido para las arcas públicas gracias a la utilización de unos 100 millones de euros que se calcula que quedarán sin gastar de la octava edición del PIVE en vigor. La decisión del Gobierno tendrá un efecto arrastre en el mercado automovilístico que ha llevado a los fabricantes y los vendedores a mejorar sus previsiones de ventas para el 2016.

El hecho de que los compradores de coches tengan la seguridad de que el año que viene comenzará con 100 millones disponibles del PIVE 8 prorrogado tendrá un impacto directo en unas 18.000 matriculaciones más de clientes particulares, según indicó la Federación de Concesionarios (Faconauto). Las nuevas previsiones apuntan a que el mercado automovilístico español crecerá el 9% en lugar del 6% previsto inicialmente y que llegará a una cifra de 1.120.000 turismos y todoterrenos matriculados en el 2016.

FRENO A LA INCERTIDUMBRE La aprobación de la prórroga llega justo a tiempo para invertir una tendencia que preocupaba a los concesionarios, que habían detectado un número creciente de compras que no se llegaban a materializar, según Faconauto, "por la incertidumbre respecto a si los compradores iban a poder o no acogerse al PIVE 8 en las entregas que se realizaran a partir del 31 de diciembre". Para la asociación, el plan tiene un "efecto enganche" para la recuperación del comercio y el consumo.

El Gobierno mencionó el "efecto tractor" del sector del automóvil para la economía, especialmente para la industria por la importancia de los proveedores de componentes y de servicios, como justificación para prorrogar el PIVE además de los efectos beneficiosos para el medio ambiente por la retirada de coches viejos y para la recaudación fiscal. La clave para que el PIVE 8 no haya agotado los 225 millones asignados en mayo son las exigencias para poner fin a la picaresca de la compraventa de coches de chatarra para entregar a los concesionarios y embolsarse la ayuda pública.

El Gobierno también aprobó el plan Movea que unifica los incentivos a los vehículos propulsados con energías alternativas. La ayuda va de 200 euros por una bici eléctrica a 20.000 para autobuses.