Los consumidores de gas de España deberán asumir en la factura de este 2017 el pago de 96.383.024 euros para sufragar la indemnización a la empresa promotora y el mantenimiento del fracasado proyecto Castor. Con las instalaciones paralizadas y a la espera de que el Gobierno tome una decisión previsiblemente definitiva sobre su futuro, el recibo del gas vuelve a incluir -después de la primera consignación el pasado 2016- una partida millonaria para devolver el crédito bancario suscrito por Enagás a cuenta de los derechos de cobro a lo largo de 30 años después de que el ejecutivo del PP aprobara por decreto el pago una indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS, en manos, mayoritariamente, del grupo ACS de Florentino Pérez.

La partida presupuestaria para cubrir los costes del proyecto Castor, que figura en la orden del Ministerio de Energía publicada en el BOE a finales del año pasado estableciendo los peajes y cánones del sistema gasístico para este año, asciende exactamente a 80.664.725 euros. A esta cifra se le deben sumar los 15.781.229 euros que recibirá Enagás Transporte para los "costes provisionales de operación y mantenimiento" de las instalaciones hibernadas este 2017. Una cifra muy próxima a los 17,70 millones que cuesta el mantenimiento del único almacén de gas submarino operativo en España, el de Gaviota, en el País Vasco.

DERECHO DE COBRO

Bajo el epígrafe del artículo 7, "Reconocimiento retribuciones de conformidad con el Real Decreto-ley de 13 / 2014 de 3 de octubre", y sin hacer referencia explícita a la denominación "proyecto Castor" a lo largo de toda la orden, el Ministerio de Energía reconoce el pago de los cerca de 80,66 millones de euros "a los titulares del derecho de cobro con cargo al sistema gasístico". Detrás de esta críptica presentación en el BOE (ver documento completo), esconde la aprobación de la segunda anualidad para amortizar el crédito contraído por Enagás con Banco de Santader, Caixabank y Bankia que permitió Escal UGS cobrar en poco más de un mes los 1.350 millones de euros de la indemnización aprobada por el Gobierno del PP en octubre del 2014.

La cifra consignada para este capítulo en el 2017 es exactamente la misma que la de la primera anualidad del año pasado: 80,66 millones de euros. Junto con esta partida, y siempre de acuerdo con el mismo decreto, el Ministerio de Energía reconoce como "costes provisionales de operación y mantenimiento" para este 2017 un total de 15,72 millones de euros a la sociedad Enagás Transporte , la encargada de implementar estas tareas. Unos costes que, según el orden, se deberán justificar "con la correspondiente auditoría y se determinarán con carácter definitivo por orden del Ministerio".

MANTENIMIENTO COSTOSO

La cifra es también clavada a la aprobada para el 2016. Aunque el Gobierno había dejado caer, tras asumir 17 millones de euros para la hibernación de las instalaciones, que el mantenimiento no resultaría tan costoso, la cifra se mantiene casi en términos muy similares. El coste de mantener cerrado y hibernado el proyecto Castor es, incluso, prácticamente equiparable al del único almacén de gas submarino en funcionamiento en España, el de Gaviota, en la costa del País Vasco. Según consta en la orden publicada en el BOE, su coste provisional de mantenimiento para el año 2017 será de 17,70 millones de euros. Los almacenes subterráneos terrestres de Serrablo y Yela, supondrán 7,77 y 4 millones respectivamente.

La cifra es bastante similar a la prevista en el primer año de amortización del crédito, el pasado 2016, cuando el entonces Ministerio de Industria acordó destinar 101 millones de euros para la factura del gas a financiar el agujero dejado por un proyecto que llegó causó más de 1.000 terremotos después de las pruebas de inyección en septiembre del 2013. La principal diferencia, respecto del 2017, era la inclusión de una partida de 4,56 millones de euros para Escal UGS más por el mantenimiento de las instalaciones entre octubre y noviembre del 2014, cuando Enagás se hizo cargo de las instalaciones.

CÁLCULOS DE LA OCU

Según anunció el propio Gobierno en octubre del 2014, en el momento de la aprobación del decreto, el Castor tendría un coste de unos 100 millones al año a lo largo de tres décadas. La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, calculó, sin embargo, que en total, incluyendo la operación financiera y los correspondientes intereses que podrían crecer a medida que se agota el tiempo de amortización, la dotación podría acabar superando de largo los 4.700 millones de euros. El ejecutivo del PP en ningún momento ha detallado o afianzado sus cálculos iniciales, como tampoco ha desmentido las previsiones de la OCU.

A la espera de que el Gobierno tome una decisión sobre el futuro del proyecto Castor -el Massachusetts Institute of Technology debía entregar un informe al respecto a Enagás el pasado mes de noviembre pero aún se desconoce si se ha entregado o su contenido-, Escal UGS ha percibido ya más de 1.760 millones de euros después de renunciar al proyecto. Además de los 1.350 millones de euros de la indemnización, y los 110 a cuenta que había recibido hasta el 2012, el Gobierno en funciones autorizó el pago de 295 más para la retribución entre julio de este año y la extinción de la concesión a finales de 2014 que supuso la extinción de la concesión, además de los 4,56 millones de euros ya mencionados de 2014 en concepto de mantenimiento.