La polémica contratación del expresidente de la Comisión Europea (CE) José Manuel Durao Barroso por parte de Goldman Sachs no ha impedido que las puertas giratorias sigan actuando. Así lo denuncia un informe de Transparency International, que reclama más prevención de los conflictos de intereses. «Esta contratación fue una fantástica herramienta para reclutar euroescépticos. Si la UE quiere defenderse contra las fuerzas populistas, tiene que probarse como un líder global en integridad y transparencia», recomienda el responsable de políticas de la organización, Daniel Freund.

El estudio cifra en un 50% el porcentaje de los comisarios que han dejado la política en los últimos años y que trabajan para lobis registrados por la CE, y en un 30% el de los exeurodiputados. Un colectivo este último que no tiene ninguna limitación, al contrario que los comisarios, que sí tienen un periodo de 18 meses en el que deben pedir permiso a la CE para ejercer otras actividades, y los funcionarios de alto nivel, que tienen uno de 24 meses, el mismo que los asistentes parlamentarios, mucho más controlados que sus jefes. «Pueden irse a trabajar para lobis al día siguiente de dejar su cargo, lo que aumenta el riesgo de conflicto de interés», denuncian.

De los 485 eurodiputados que dejaron el cargo político en esta última legislatura, 171 han encontrado trabajo fuera de la política, 51 de ellos en organizaciones inscritas en el registro de lobistas, y 26, contratados por consultores que trabajan para influir precisamente en sus antiguos colegas. Además, otros 18 trabajan para empresas o asociaciones empresariales incluidas en el registro; de ellos, nueve son organizaciones no gubernamentales, y seis, think tanks.

La investigación da nombres y apellidos. Por ejemplo, la exliberal Sharon Bowles, expresidenta de la comisión de asuntos económicos, que dejó la Eurocámara para trabajar para la Bolsa de Londres y con cuyos representantes, según Corporate Europe Observatory, se reunió en una decena de ocasiones en los dos años anteriores a dejar el cargo, incluidas cuatro reuniones con su director ejecutivo, Xavier Rolet. Y el liberal alemán Holger Krahmer, quien tras una década en la comisión de medioambiente se convirtió en lobista de Opel.

La organización asegura que no hay nada malo en el hecho de que los políticos se pasen al sector privado, pero el hecho de que un día estén diseñando leyes y al siguiente haciendo lobi sobre el mismo tema supone un problema, insiste Transparency International, que menciona a Olle Schmidt y George Lyon, empleados de la consultora Hume Brophy como expertos en servicios financieros e industria agroalimentaria, respectivamente, y miembros en su día de las comisiones de asuntos económicos y de agricultura.

Canadá, alumno aventajado

El informe está lleno de ejemplos de altos cargos. Desde Durao Barroso, Neelie Kroes y Benita Ferrero-Waldner hasta antiguos responsables de gabinete o directores generales. Desde que la Comisión Europea de Jean-Claude Juncker asumió las riendas, ha dado vía libre a 114 solicitudes. Solo 40 llegaron al comité de ética, por posibles conflictos de interés. Bruselas no rechazó ninguna. «La Comisión debe revisar su código de conducta completamente y establecer un órgano creíble, imparcial y transparente», exige el eurodiputado del grupo de Los Verdes Sven Giegold.

Canadá lleva la delantera en el control de las puertas giratorias. No solo porque su comité de ética -que evalúa los potenciales conflictos de interés- dispone de medio centenar de empleados, sino porque tienen plenos poderes para investigar y sancionar. Ministros y diputados, por ejemplo, tienen prohibido durante los cinco años posteriores a dejar el cargo trabajar de lobistas.