El Gobierno no se mueve. La lista de los cerca de 30.000 contribuyentes continuará sumida en la oscuridad. Pese a que toda la oposición reclama su difusión --o al menos la del subgrupo formado por 715 altos cargos, actuales o pasados, que están siendo investigados por blanqueo de capitales-- fue el propio presidente, Mariano Rajoy, quien dejó ayer claro que en ningún caso daría a conocer sus identidades. Pero no solo el resto de partidos exigen al Ejecutivo que dé el paso. A un mes de las elecciones autonómicas y municipales del 24 de mayo, y tras la enorme conmoción que ha producido el caso de Rodrigo Rato --que la semana pasada llegó a estar detenido siete horas por los supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo--, son cada vez más las voces dentro del PP que presionan a Rajoy para que difunda la lista de amnistiados.
No es solo un dirigente tan relevante como Esteban González Pons, líder de la delegación popular en la Eurocámara. Ni tampoco José Antonio Monago, presidente de Extremadura y candidato a la reelección. Según fuentes populares, en los últimos días numerosos cargos regionales y provinciales han hecho llegar a la cúpula del partido que se debería proceder sin demora a la publicación de los 715.
El único nombre que ha trascendido es el de Rato, exvicepresidente del Gobierno con José María Aznar. Los críticos con la gestión de Rajoy argumentan que si la lista se mantiene en la opacidad, el único perjudicado en las urnas será el PP. Dan por supuesto, y aquí están de acuerdo con los socialistas, que entre esos 715 también habrá cargos de otros partidos, fundamentalmente del PSOE. Al dar a conocer sus nombres el daño estaría más repartido.
LA "OBLIGACIÓN"
Pero la tesis no cala en el presidente. Durante una sesión de control en el Congreso protagonizada por el caso Rato, Rajoy recordó que la del 2012 no es la única amnistía fiscal en democracia, sino que Felipe González aprobó otras dos, en 1984 y 1991, con la diferencia de que esta vez la controvertida iniciativa "no limpia ni borra delitos". En ambas ocasiones, continuó, el PSOE tampoco reveló quiénes eran los beneficiarios. "Hicieron bien --sostuvo--. Yo ahora también voy a cumplir con mi obligación".
Pero los socialistas consideran que los procesos anteriores se hicieron en un contexto distinto, e insistieron en sus cuatro propuestas: publicación de los 30.000 amnistiados a través de una reforma de la ley tributaria, comparecencia de Rajoy, creación de una comisión de investigación y dimisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Según el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, la amnistía está provocando una "pérdida de la calidad democrática". Para Soraya Sáenz de Santamaría, en cambio, todo es culpa del PSOE, que forzó al Ejecutivo a esta iniciativa medida al dejar "hundidas las cuentas".
Hasta ahora, el Gobierno se había resistido a utilizar la expresión amnistía fiscal. Sin embargo, la vicepresidenta la empleó ayer en dos ocasiones, algo que defendió después el ministro de Justicia, Rafael Catalá. Se trata de un "lenguaje cercano", dijo. Pero el caso Rato también está provocando que se aireen conflictos dentro del Partido Popular que permanecían en un segundo plano. Poco después, la secretaria general de los populares, María Dolores de Cospedal, cuyas relaciones con Santamaría no son buenas, señaló a Servimedia que "no se puede hablar, en ningún caso, de una amnistía fiscal".
EL CORRILLO
Mientras, Montoro, después de sufrir que, pregunta tras pregunta, el PSOE y la Izquierda Plural le pidiesen su cabeza, intentó establecer empatías con la prensa en una larga conversación llena supuestamente de confidencias. El ministro dijo estar "muy enfadado" con la conducta de Rato, con el que dice no haber hablado desde que se destapó el escándalo.
Por otro lado, el ministro de Hacienda no desveló si conoce el listado de los 715, pero sí se mostró confiando en que no haya nadie de tanto peso como el exvicepresidente
