Rajoy no se plantea el contrato único ni el despido de 20 días en su reforma

MERCEDES JANSA 23/01/2012

Ni el contrato único por el que apostó el ministro de Economía, Luis de Guindos; ni el despido con 20 días de indemnización, ni la casi desaparición de la negociación colectiva, aparecen en las 71 enmiendas que el PP planteó a la reforma laboral del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, incluidas a su vez en el programa electoral con el que concurrió a las elecciones del 20-N.

Estas propuestas en las que el Gobierno afirma que se va a inspirar proponen reducir a media docena las más de 40 modalidades de contratación existentes. Hay momentos en que lo que se dice en la oposición no sirve para cuando se gobierna. Le pasó al PSOE. Mariano Rajoy no está dispuesto a ello. Lo más concreto que se le ha oído sobre la reforma laboral es que se parecerá a esas 71 enmiendas. Una lectura detallada de estas permite concluir: El mercado de trabajo no se dará la vuelta como un calcetín, pero no oculta su inclinación a las tesis empresariales.

Desde que en mayo del 2010 las instituciones europeas dijeron que la reforma laboral era urgente para salir de la crisis, los ciudadanos han sido bombardeados con propuestas presentadas como milagrosas. Los lobis y think tanks liberales --"propagandistas de la fe", los ha llamado Cándido Méndez, líder de UGT-- han redoblado sus presiones para que Rajoy siga el camino trazado y que se resume en la máxima flexibilidad --muy próximo al libre albedrío-- para contratar, despedir y las relaciones laborales en la empresa.

En todo caso, toda deriva hacia la desregulación se podrá justificar por la coyuntura. Máxime si ante la cumbre europea del día 30, la cancillera alemana Angel Merkel y el presidente francés Nicolas Sarkozy quieren apuntarse el tanto del empleo cuando algunos países aún no han salido de los recortes públicos.

Durante el debate parlamentario del verano del 2010, el PSOE no aceptó ninguna propuesta del PP a un decreto ley que el portavoz del PP, José Ignacio Echániz, definió como "hijo de las prisas y nieto de las barbas del vecino griego".

Las 71 enmiendas --casi una docena solo con cambios de redacción-- permiten a Rajoy presumir de no ceder a presiones si se mantiene su línea. Pero algunas satisfacen exigencias patronales. Es el caso de las empresas de trabajo temporal (ETT) a las que la reforma de Zapatero no autorizó a intermediar en el mercado laboral, facultad que solo tienen las agencias de colocación. El PP no establece distinciones, como exige la patronal de este sector, AGETT.

Más cerca de los planteamientos empresariales y de los lobis está la enmienda para que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) deje de abonar parte de la indemnización por despido --ocho días-- de los contratos indefinidos. Este fondo "no debe asumir" esa parte, decía el PP. Los economistas de Fedea defienden la idea de que el FOGASA cumpla con su objetivo de atender los salarios en caso de quiebra e impago de la empresa.

El PP apoyó la polémica idea de que algunas empresas se pudieran desvincular, por causas económicas, del régimen salarial de los convenios sectoriales. Pese a que mantenía que este descuelgue debería contar con el acuerdo de los sindicatos, el PP ampliaba el campo del descuelgue a la jornada, el horario y distribución del tiempo de trabajo, el sistema de remuneración, el régimen de turnos y las mejoras voluntarias de la Seguridad Social.

LAS BONIFICACIONES Hace año y medio, cuando se produjo este debate, aún se alentaba la necesidad de una reforma laboral para crear empleo. Ya nadie lo cree. Pero a los empresarios se les dieron alicientes para la contratación en forma de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social.

El decreto y las enmiendas del PP coincidían en las cuantía de estas ayudas, entre los 500 y los 1.200 euros según sean jóvenes, mujeres o parados de larga duración. Los populares, al no tener responsabilidad de recortar el gasto público, pidieron que se elevara de 500 a 800 euros la ayuda para transformar los contratos de formación en indefinidos. Ahora la única bonificación del programa electoral es de 3.000 euros para los autónomos que contraten a su primer trabajador.