Rodrigo Rato dispuso de dinero ilícito presuntamente mientras era el director gerente del Fondo Monetario Internacional, según se refleja en el informe que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) aportó al juez del caso Rato, el pasado 27 de marzo. Los investigadores señalan que el político dispuso de beneficios a través de una sociedad pensada y creada para «cumplir los elementos esenciales del tipo de blanqueo de capitales», entre los años 1998 y el 2013, cuando Rato estuvo al frente del FMI entre el 2004 y el 2007.

Según publica el diario El Mundo, Rato facturó 31,29 millones de euros a través de la empresa Cor Comunicación mientras ocupó el cargo de gerente del Fondo. Más del 90% de ese dinero procedía de los ingresos que recibió de empresas privatizadas, para las que la citada sociedad realizaba campañas publicitarias.

La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que depende de la Agencia Tributaria, definió Cor Comunicación como «una sociedad constituida de manera opaca». La UCO agrega en su informe que «la voluntad de ser utilizada para ocultar el origen ilícito de los beneficios procedentes de la consecución de un delito cometido previamente, podría constituir una conducta típica aparejada a un presunto delito de blanqueo de capitales».

El informe presume que Cor Comunicación se creó para facturar a empresas que habían sido privatizadas o que estaban en proceso de privatización, coincidiendo con «una opacidad intencionada que dificultaría la conexión de esta empresa con la persona de Rato».

CORREOS ELECTRÓNICOS /Entre la documentación aportada al caso se incluyen correos electrónicos remitidos por Rato, desde su cuenta de email del FMI, al administrador Domingo Plaza, también imputado en el caso, ordenando la transferencia de dinero entre las sociedades extranjeras y nacionales vinculadas al presunto delito de blanqueo por el que el exministro está acusado. Según la investigación, además, existe documentación que muestra cómo en septiembre del 2006 Rato dio orden a su cuñado, Santiago Alarcón, para hacer un «préstamo» a la sociedad Vivaway, para que esta, a su vez, introdujera 900.000 euros en España, mediante la empresa Kradonara, también considerada opaca.

La investigación revela que Rato usó ese dinero para una inversión que hizo a través de la empresa VR Inversiones Residenciales, también de su propiedad. En resumen, la investigación sostiene que Rato, «en su condición de autoridad», se habría enriquecido ilícitamente a través de distintas empresas bajo su dominio, «relacionándose esa licitud con el ejercicio de un cargo público».

Los técnicos de la ONIF ratificarán el miércoles el informe que acusa a Rato de haber defraudado a través de una maraña societaria unos 6,8 millones de euros entre el 2004 y el 2015. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, también declarará el asesor fiscal Fernando Sedano, investigado por las presuntas irregularidades en el cobro de la remuneración del exministro por su labor en Telefónica.

Las comparecencias se producirán en un momento clave para Rato, después de que la Guardia Civil detectase que varias de las empresas privatizadas en los años en los que fue ministro de Economía (1996-2004) pagaron casi 83 millones a sociedades presuntamente relacionadas con su familia.