Los principales acusados del juicio de las tarjetas black que empezó ayer en la Audiencia Nacional, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, alegaron vulneración de sus derechos fundamentales para tratar de evitar la continuación de la vista oral. Sostienen que se produjo una intromisión «ilegítima» en su derecho a la intimidad por haberse hecho públicos los gastos que realizaron con las tarjetas opacas al fisco distribuidas por Caja Madrid y Bankia. El primero, que se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel, gastó 436.688 euros, que ha tratado de reponer justo antes del juicio. El exvicepresidente del Gobierno, que se enfrenta a cuatro años y medio de prisión, gastó 99.054 euros que también devolvió.

Ninguno de los dos respondió por lo gastado por el resto de directivos a través de las tarjetas que ellos, como máximos responsables de Caja Madrid y Bankia (Rato), facilitaron a los 63 consejeros, miembros de la Comisión de Control de Caja Madrid y altos directivos que comparten con ellos el banquillo de los acusados. El fiscal Alejandro Luzón les considera responsables de estos gastos, por lo que solicita que Blesa indemnice con 9,3 millones de euros a Bankia o al FROB, y Rato, con 2,6 millones. Entre el 2003 y el 2012 los exconsejeros gastaron más de 12 millones de euros de la entidad.

DEVOLUCIÓN

Los primeros en intervenir fueron los letrados de Blesa, Carlos Aguilar, y de Rato, Ignacio Ayala. Ambos aportaron como prueba un acta notarial con las asignaciones que les correspondía como presidentes de Caja Madrid, aunque admitieron que ya estaban en las actuaciones, así como la documentación que acredita que han procedido a devolver las cantidades que gastaron, según el fiscal y las acusaciones, apropiándose de ellas indebidamente.

Como cuestiones previas expusieron varias, en las que coincidieron la mayoría de los abogados, aunque cada uno se centró en una. Entre ellas figura la prescripción de los delitos imputados que se encargó de desarrollar el abogado José Antonio Choclán, para lo que negó que los hechos imputados fueran constitutivos de un delito continuado, circunstancia que amplía la posibilidad de persecución de la apropiación indebida.

Otra de las defensas se centró en la «hoja de Excel» en la que constan los gastos de cada uno de sus beneficiarios y destacó que incluye «datos falsos, engañosos y mutilados», por lo que no debería ser tenida en cuenta como prueba. Apuntó que ni siquiera incluyen correctamente el nombre de sus representados. El abogado de Juan Emilio Iranzo, que gastó 46.900 euros con las tarjetas, aseguró que «no había autorización judicial de unos datos que contienen una enorme sensibilidad» y «permiten conocer aspectos íntimos, como su orientación sexual».

Otro punto clave de las defensas versó sobre la falta de legitimación de Bankia, BFA -matriz de Bankia- y el FROB para ejercer la acusación particular. El letrado encargado de profundizar en este asunto fue el de Estanislao Rodríguez Ponga, exsecretario de Estado en el Gobierno de José María Aznar y a quien se acusa de haber gastado 212.216 euros. A juicio de esta defensa, es imposible que Bankia y BFA o el FROB ejerzan la acusación particular, porque «Caja Madrid mantuvo la personalidad jurídica en todo momento». Insistió en que el FROB intervino en todo el proceso de saneamiento de BFA-Bankia, y la entidad que tuvo que ser rescatada nació después de la desaparición de Caja Madrid, por lo que «son posteriores al gasto que se juzga». «Es física, intelectual y financieramente imposible» que puedan considerarse perjudicadas por unos gastos que habían sido atendidos por Caja Madrid desde 1988, precisó.

CORREOS CORPORATIVOS

En esta línea, similar a lo acordado por esta misma sala en el juicio de la CAM, en el que negó legitimidad al Fondo de Garantía de Depósitos para ejercer la acusación -criterio que acabó corrigiendo el Tribunal Supremo-, ahondó el abogado de Ildefonso Sánchez Barcoj. El letrado sostuvo que solo la Fundación Caja Madrid puede considerarse heredera de la entidad.

También se mostró en contra de la admisión de los correos electrónicos aportados por el fiscal al comienzo de la vista. El letrado aseguró que se trata de «correos corporativos, propiedad de Caja Madrid», respecto a los que «Bankia es un mero ocupante», bromeó añadiendo que ignoraba si «la palabra se escribía con c o con k».

El juicio comenzó con una hora de retraso, debido a un cambio de última hora de una de las magistradas que iba a formar el tribunal por un «problema personal», y con problemas de aforo en la sala de vistas. Ello hizo que la decena de afectados por las preferentes que acudió a las nueve de la mañana a insultar a los acusados por las pérdidas sufridas en sus ahorros no pudiera presenciar el juicio.