El caso Rato, en el que se investiga su patrimonio personal y familiar, va sumando imputados y no deja de deparar sorpresas. El juez Antonio Serrano-Artal ya ha imputado a nueve personas. La secretaria personal del exvicepresidente del Gobierno, Teresa Arellano, y el testaferro Miguel Ángel Montero Quevedo han sido los últimos en declarar. El próximo martes le llegará el turno al exmando popular.
Además, el togado ha planteado una cuestión de competencia al Tribunal Supremo al entender que la Audiencia Nacional es el tribunal que debe perseguir este caso, a pesar de que su colega Fernando Andreu se haya negado a asumir esta investigación al sostener que los delitos perpetrados se han cometido en su mayoría en Madrid.
FRAUDE AL FISCO
Serrano revela, en el escrito que remite al Supremo, algunos aspectos novedosos de esta investigación. Según sus pesquisas, Rato "ha usado parte de los fondos ilícitamente obtenidos mediante la evasión fiscal" y en otras operaciones "de adjudicación de contratos aparentemente irregulares" para sostener "económicamente" a una empresa alemana cuya única actividad es la explotación de un hotel en Berlín.
En esta trama, el exvicepresidente del Gobierno ha recurrido a varias sociedades, pero la mayoría de los pagos se hicieron a través de Kradonara que desde su creación en el 2001 hasta el 2011 tuvo una escasa actividad.
Después de que Rato llegara a Bankia en el 2010, esta sociedad empezó a recibir divisas de Gibraltar, Reino Unido y Luxemburgo por un importe de 6,5 millones de euros. El origen de estos fondos se desconoce, pero este dinero no ha sido declarado al erario. En esas fechas la empresa incluyó en sus trabajos la prestación de servicios de consultoría.
Además, Kradonara ingresó casi 12 millones de euros de otras empresas como Vivaway, Red Rose o Arada en un complicado trasiego de transferencias y cuyo propietario es el exmando del PP. Y Rato, según el juez, financió una de sus sociedades "a través de ingresos defraudados a Hacienda del pago de asistencias a congresos y conferencias". En estas operaciones se incluye el cobro de más de 800.000 euros en comisiones por parte de Alberto Portuondo, preso en esta causa, a dos empresas de publicidad que facturaron a Bankia 47 millones de euros en el 2011 y el 2012. Más de medio millón de euros de este importe acabaron en el hotel de Alemania.
NUEVE IMPUTADOS El juez tras tomar ayer declaración a Arellano y Montero les impuso la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado. Estas dos personas fueron detenidas el pasado miércoles por la Guardia Civil. Además, el togado ha interrogado a cuatro directivos de las empresas de publicidad en la tarde del jueves, el mismo día que Rato compareció en las dependencias de la Benemérita.
El Tribunal Supremo debe ahora decidir qué juez investiga a Rato si Serrano-Artal o Andreu. El primero sostiene que los delitos se han cometido en el extranjero y por tanto asegura que la Audiencia Nacional es la que debe encargarse de este caso.
Fuentes gubernamentales reconocieron ayer que la reactivación de este caso les inquieta al producirse en la precampaña electoral. Mientras Pedro Sánchez aseguró que este caso es "un motivo de vergüenza" para Mariano Rajoy.
