La rebaja de los pisos y los viajes eran algo «habitual» en la CAI

García Montes precisó que hasta siete responsables de la entidad se interesaron por la compra de inmuebles a precios ventajosos, tanto en el Puerto de Santa María (Cádiz) como en Estepona (Málaga), entre ellos el exdirector general Luis Calvera, del que dijo que fue el impulsor de esta práctica. «A Calvera le interesa una vivienda en Estepona y es al primero al que se le realiza esta oferta», ilustró Marrero.

La declaración de los acusados, para los que el fiscal pide tres años de prisión para cada uno y una fianza conjunta de 18 millones de euros --la acusación particular y popular reclaman hasta 16 años de cárcel-- pivotó sobre la rebaja de los pisos, un viaje a Egipto para 11 personas, que costó 195.000 euros, y el acuerdo para reestructurar el grupo de empresas participadas de las que Marrero era socio. Todo ello supuso, según la querella presentada por la propia caja, un quebranto para la entidad de unos 13 millones de euros, es decir, la punta del iceberg, habida cuenta de que el agujero ocasionado por el ladrillo en la entidad supera los 1.500 millones de euros (la cifra es mayor incluso según algunas estimaciones). Durante la vista oral salió a relucir el laberinto societario tejido por la caja en los años del boom inmobiliario, que abarcaba hasta 69 sociedades. De ellas, apenas media docena tenían como socio a Marrero.

García Montes también quiso aludir a la demanda que le ganó a la CAI por la salida de este de la entidad y que obligó a la caja a abonar las cantidades acordadas en su día (alrededor de 15.000 euros al mes, para lo que la entidad provisionó 4,2 millones de euros) como pensión vitalicia. «La querella es una cortina de humo como venganza por la sentencia del juicio laboral», dijo.

LAS DÁDIVAS

Sobre la compra de pisos, tanto el exdirector general como Alfaro (ambos adquirieron uno en el Puerto de Santa María a través de la sociedad El Soto de Vistahermosa, con un descuento del 50% sobre el precio de mercado) aseguraron que dichas operaciones las conocían «todos», desde la dirección de recursos humanos hasta la comisión de control de riesgos y el consejo de administración, e incluso, el Gobierno de Aragón. «Gran parte de la plantilla sabía de esa oferta», precisó. Por ello, negó opacidad, al igual que Alfaro. «Hubo todo tipo de información, con detalle, en la que aparecía hasta mi declaración de la renta y mi situación financiera», dijo este último. Además, añadió que el préstamo fue concedido por la propia CAI.

Ambos argumentaron la rebaja en que Calvera instó a los directivos interesados en comprar un inmueble, de acuerdo con los promotores, a retrasar la adquisición a las siguientes fases para ver cómo respondía la demanda local. Eso sí, respetando el precio de la primera fase. Los dos acusados escrituraron sus viviendas en el 2007, aunque el precio del metro cuadrado era el del 2013. Es decir, pagaron, 226.519 euros y 221.471 euros, la mitad de lo que fijaba el mercado ese año.

Respecto al viaje a Egipto, García Montes, reiteró que se trataba de una práctica «generalizada» en el sector y en la CAI, y argumentó que se trataba de premiar a los directivos que participaban en sociedades y no cobraban por ello. «Cada año había una invitación de este tipo en función de la evolución de cada sociedad», indicó. Alfaro llegó a decir que «a muchos viajes casi me veía obligado a ir, porque no me apetecía» y citó los llevados a cabo a través de Tinsa o Caser.

UN TRABAJO «ESPLÉNDIDO»

Cuando llegó la crisis inmobiliaria Marrero y la CAI eran socios en empresas participadas como El Soto de Vistahermosa, Arcai, Golf El Puerto, Inverpuerto, entre otras. En julio del 2009, el consejo de la CAI decidió reestructurar el negocio en el sur de España, una tarea para la que se autorizó a Alfaro. La caja aragonesa argumentó, al interponer la querella, que entre Alfaro y Marrero llevaron a cabo el proceso de reestructuración, que ocasionó pérdidas de unos 12 millones de euros, con una «compensación» de 1,5 millones para este último. Sin embargo, muy al contrario, García Montes recalcó el «espléndido» trabajo que se hizo en la reestructuración de los negocios de Marrero.

Mientras, Alfaro aludió a la transparencia del proceso y enfatizó que «el grupo del señor Marrero estuvo en todos los consejos de la CAI Inmuebles» y que fue en julio del 2009 cuando el consejo aprobó «por unanimidad» el acuerdo de reestructuración. Marrero, por su parte, narró ante el juez cómo tuvo que vender activos de su sociedad para enjugar las deudas contraídas con la CAI, con lo que obtuvo hasta 17 millones de una deuda total de 21 millones contraída con la entidad aragonesa. También negó cualquier compensación por el fin de la relación con la CAI.

PEMÁN CONTRA MONTES

La versión de los tres acusados contrastó con la del expresidente de la CAI Juan Pemán, que incidió en la «rapidez, opacidad y ligereza» con que se realizó la reestructuración de los negocios de Marrero. «Ni el consejo de la CAI ni de CAI Inmuebles tuvo conocimiento» de ello, porque «el grupo de Marrero era un desconocido en el consejo de la CAI», aseguró. También detalló que fue el escrito de un socio minoritario de El Soto de Vistahermosa (Álvaro Taboada) y un informe interno de la CAI el que originó la querella.

En relación a la reestructuración, los viajes y el descuento en pisos, Pemán sostuvo que son actuaciones «inaceptables» e «injustificadas», al tiempo que afirmó que ningún otro consejero de la CAI compró viviendas a mitad de precio. Con todo, dijo que si había algún caso en el que otros directivos ofrecieron dicho descuento fue por ofrecimiento de García Montes.