La desaceleración de la crisis no aminora las quejas de los consumidores aragoneses. Según la asociación de usuarios de banca Adicae, durante los cinco primeros meses del año su servicio de orientación ha atendido en la comunidad 4.600 consultas y reclamaciones, un 225% más que en el mismo periodo del 2014. De ellas, más del 30% (un total de 1.425) está relacionada con las cláusulas suelo --los topes mínimos de intereses que las entidades incluyen en las hipotecas--, lo que supone triplicar el número de quejas de todo el 2014. En opinión de Adicae, todo ello pone de manifiesto que "los abusos no han dejado de aumentar y que los consumidores, cada vez más conscientes de sus derechos, reclaman más".

También han ganado peso las dificultades en el pago de los créditos hipotecarios y las condiciones de las mismas (500 consultas en el 2015). De hecho, el 70% de los consumidores acudió el año pasado a Adicae por problemas con su hipoteca. "La crisis ha evidenciado los abusos por parte del sector bancario y la ineficacia de la regulación europea", subrayó ayer el presidente de Aicar-Adicae, Manuel Pardos.

El próximo 22 de junio tendrá lugar la vista previa perteneciente a la demanda colectiva sobre cláusulas suelo, contra más de cien entidades financieras, interpuesta por Adicae. Una denuncia que comparten 15.000 familias, de las que 1.600 son aragonesas. Este podría ser el último paso para lograr la sentencia.

Frente a todos estos problemas, la asociación ha decidido instaurar el Día Europeo de los Derechos del Consumidor Financiero, coincidiendo con la celebración en Europa del Consumer Protection Day. Las Jornadas por la Defensa de los Consumidores Bancarios y Financieros (así se titulará el conjunto de actividades) se celebran entre hoy y el 3 de junio y estarán formadas por una serie de charlas, ponencias, talleres, asambleas de afectados, emisiones de documentales y distintas movilizaciones.

Según apunta el estudio, la mayoría de las consultas también tienen su origen en la modificación de las tarifas de comisiones por parte de las entidades, que han ampliado los supuestos en los que se cobran y "muchas veces sin informar".