La sombra de la sospecha persigue a Renault desde que, en septiembre del 2015, estalló el escándalo de los vehículos trucados por Volkswagen para reducir las emisiones contaminantes de sus motores diésel. Investigado como el resto de fabricantes franceses por la Dirección General de Consumo, Competencia y Represión del Fraude, un informe publicado ayer por el diario Libération deja pocas dudas sobre las prácticas fraudulentas de la compañía liderada por Carlos Ghosn.
Renault habría instalado «un dispositivo fraudulento que modifica específicamente el funcionamiento del motor para reducir las emisiones de óxido de nitrógeno durante las pruebas de homologación», una estrategia fraudulenta en la que estaría implicada la dirección de la empresa y que, según Afp, habría durado al menos 25 años.
La compañía lo desmintió formalmente. «Renault afirma que sus vehículos no están equipados con software trucado», señaló el número dos del grupo, Thierry Bolloré. Sin embargo, todo indica que Renault habría hecho exactamente lo mismo que el constructor alemán en el origen del dieselgate.
Las conclusiones de la investigación llevada a cabo por los servicios antifraude, dependientes del Ministerio de Economía, llevaron a la apertura de una instrucción judicial por un supuesto delito de engaño en los controles realizados a los motores diesel. En concreto, el informe menciona el modelo Talisman, el todoterreno Kadjar, el Clío IV y el Captur.
Antifraude sospecha que Renault ideó un software cuyo objetivo era falsear los resultados de los análisis de emisiones, para poder así demostrar que cumplía con la normativa anticontaminación. Aunque en el documento se habla de modelos recientes, el organismo de lucha contra el fraude se apoya en los testimonios de un antiguo trabajador que apunta que algunas prácticas se remontarían a 1990. El técnico señala que muchos coches estaban equipados con un dispositivo electrónico que permitía detectar si iba a superar los niveles.
