El exconsejero delegado del Santander Central Hispano (SCH), Angel Corcóstegui, cobró 110 millones de euros (18.000 millones de pesetas) de indemnización por su salida del banco el año pasado, según fuentes financieras. Otras fuentes apuntan que esta cifra no incluye los 1,2 millones de euros al año, que recibirá hasta su jubilación (tiene 51 años), además del fondo de pensiones.

El banco se limitó a recordar ayer que las retribuciones e indemnizaciones de los directivos se acuerdan siempre en los órganos competentes de la entidad. El acuerdo fue negociado directamente por el presidente del SCH, Emilio Botín, y supone el colofón de las tensiones entre los directivos procedentes del antiguo Santander y del Central Hispano que se produjeron tras la fusión.

La multimillonaria indemnización de Corcóstegui ha sido la razón por la que el banco ha decidido suspender la convocatoria de la junta de accionistas prevista para el día 22 de febrero en Santander.

DETONANTE La memoria del banco --"la más transparente, varios años premiada", según recuerda a menudo el presidente del SCH-- incluía la cifra que le costará al banco la salida del exconsejero delegado. De celebrarse la junta, los accionistas debían recibirla antes del día 22.

El fiscal Jesús Caballero, que sigue la querella presentada contra Botín y José María Amusátegui por la indemnización de 43,7 millones de euros (7.271 millones de pesetas) cobrada por éste último a su salida del SCH, iba a pedir el archivo del caso, al no hallar indicios de delito.

Los equipos jurídicos del SCH han aconsejado a la presidencia del banco el retraso de la tradicional junta general de febrero, pese al coste que tal medida tiene para el propio presidente de la entidad --que ya el año pasado recordó que el banco volvería a celebrar la junta de febrero, además de la de junio--, como históricamente había hecho cuando sólo era Banco Santander.

Medios jurídicos explicaban ayer que la publicación de los datos en la memoria facilitaría que el abogado Francisco Franco Otegui, colaborador de Rafael Pérez Escolar --exconsejero de Banesto, encausado y condenado por el caso Banesto --, presentara una querella idéntica a la abierta ante la Audiencia Nacional por el pago a Amusátegui.

La semana pasada Botín explicó ante la juez Teresa Palacios que Amusátegui había recibido la indemnización como un bonus en virtud de los servicios prestados al banco desde 1985, entre los que citó los beneficios generados en la compra y venta de las acciones de Airtel, que proporcionaron unas plusvalías de 800.000 millones de pesetas.