El escándalo estalló a principios de este mes. En una documentada investigación, la agencia Reuters denunció que varias turbinas de gas fabricadas en San Petersburgo por Gas Turbine Technologies LLC, una joint venture en la que la empresa alemana Siemens tenía un paquete accionarial mayoritario, habían sido transportadas de forma secreta hasta Crimea para ser instaladas en las plantas energéticas que Rusia construye en la península anexionada.
El envío de dicho material contravenía en principio las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE), que prohíben a las empresas europeas la exportación de este tipo de tecnología a territorio crimeano. La cuestión no resulta baladí cara a la eficacia del castigo que fue impuesto por los Veintiocho al gobierno del Kremlin.
PROMESA INCUMPLIDA
Desde su integración en Rusia, Crimea ha venido sufriendo cortes periódicos de electricidad, fuente de energía que hasta el año 2014 procedía exclusivamente de Ucrania. Una de las principales promesas que realizó Moscú a los crimeanos ha consistido en garantizarles su seguridad energética sin depender de Kiev.
Sin embargo, aunque se han aplicado medidas, como la instalación de cables submarinos entre la península y el territorio ruso, dicho compromiso está por el momento lejos de materalizarse: la última interrupción del suministro energético se produjo el pasado viernes y se prolongó durante varias horas.
Las turbinas objeto de la polémica habían sido concebidas para ser instaladas en una planta de la localidad de Taman, en la sureña región de Krasnodar, muy cerca de Crimea pero en territorio ruso reconocido internacionalmente, por lo que el veto a la importación de tecnología europea no se aplicaba allí.
La reacción del gigante alemán de la ingeniería ha sido declararse víctima de un engaño y demandar en el tribunal de arbitraje de Moscú a su propia subsidiaria rusa, así como a la empresa estatal rusa Technopromexport, a la que la sociedad participada por la multinacional Siemens vendió los generadores. La compañía también ha decidido reducir sus inversiones en territorio ruso y prohibir la venta de material para generar energía a empresas estatales rusas.
LISTA NEGRA
El Ministerio de Exteriores alemán, por su parte, ha recordado las promesas realizadas en el pasado por parte de personalidades rusas de «alto nivel», en velada referencia al presidente Putin, de que las turbinas no acabarían en la península anexionada, y ha advertido de que semejante «violación de las sanciones podría complicar las relaciones ruso-alemanas». De hecho, a instancias de Alemania, los Veintiocho ya han dado su visto bueno a la propuesta de Berlín de añadir nuevos nombres de personalidades y empresas rusas a la lista negra comunitaria en respuesta al envío «ilegal» de turbinas a Crimea.
Moscú se defiende asegurando que la maquinaria enviada a Crimea era de fabricación rusa, pese a la participación mayoritaria de Siemens en la joint venture que la construyó. Además, Technopromexport sostiene que Siemens tuvo la oportunidad de comprar de vuelta el material, pero que finalmente declinó hacerlo. En la misma línea de defensa que el Gobierno de Moscú, la empresa estatal rusa ha subrayado que las turbinas habían sido «modernizadas y ajustadas a las especificidades del proyecto» (en Crimea).
En opinión de muchos analistas, el escándalo pone de relieve la dificultad para aplicar las sanciones acordadas en Bruselas. Un portavoz de los Veintiocho ha recordado que la implementación del castigo «depende de los estados miembros», y ha admitido estar debatiendo la cuestión con el Gobierno alemán.
