Los sindicatos CCOO y UGT ha recibido el anuncio de Enel de cerrar la central térmica de Andorra (Teruel) en 2020 como el de la "muerte de toda una zona" y "muy preocupante" para toda la provincia.

Así, la secretaria general de Industria de CCOO en Aragón, Ana Sánchez, ha explicado a Efe que se trata de "una muerte anunciada de toda una zona", la de la comarca Andorra-Sierra de Arcos, que depende en buena medida de la central y las minas de carbón cercanas.

Sánchez se ha quejado de que, mientras se abren "caminos por un lado", buscando un acuerdo estatal por el mix energético, "se tapone el futuro al tomar la decisión del cierre".

Ha recordado que el sindicato defiende una "transición justa hacia otras formas de energía", pero con este anuncio "no da tiempo" de lanzar proyectos de industrialización en la zona.

"Somos pesimistas con respecto a las posibilidades industriales de la zona aunque no vamos a tirar la toalla", ha aseverado.

Fuentes de Endesa han confirmado a Efe el anuncio ayer en Roma en la Junta General de la empresa Enel, propietaria de Endesa y la central térmica, del cierre de la planta turolense y de la que la empresa tiene en Compostilla (León), las única que quedan en España.

El cierre, recuerdan las mismas fuentes, ya se había vaticinado si no había un cambio en el marco regulatorio nacional de las centrales.

Ese cambio debe establecerlo el Gobierno central, apoyando la quema de carbón nacional y haciendo cumplir el mix energético que contempla el Plan de la Minería, de tal manera que el 7,5 % del carbón que queman las centrales españolas sea autóctono.

Así lo ha recordado a Efe el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, que trabaja además como operario en la central.

Enel tiene que realizar inversiones en la planta en materia medioambiental para poder mantenerla abierta, pero no las ha acometido al no tener asegurado, explica Galve, que luego "pueda entrar en red y sacar beneficios frente a otras formas de energía".

La presión de la Unión Europea y de los colectivos ecologistas, explica el sindicalista, puede estar detrás del "inmovilismo" del Gobierno central en esta materia, por eso cree que son los partidos políticos los que deben ahora "arrimar el hombro, no solo los sindicatos o la mesa de la minería", porque está en juego el futuro de la comarca y de parte de la provincia.

También Sánchez ha hecho un llamamiento al Gobierno de Aragón que, aunque no tiene competencias en la materia, debe a su juicio "ir a Madrid de la mano de los agentes sociales para ver cómo es posible reconducir la situación".

Ambos representantes sindicales han anunciado que comenzarán ahora reuniones internas para establecer las acciones de movilización y las gestiones de futuro, pero han alertado de que es una situación "preocupante".