Bankia ha abonado casi 170 millones a los 34.000 clientes que le han reclamado lo cobrado de más por las cláusulas suelo mediante el procedimiento exprés que puso en marcha el pasado 3 de febrero. Así lo anunció ayer la entidad nacionalizada, que se ha convertido en la única que ha rendido cuentas públicas sobre el proceso. Del resto de entidades no hay cifras oficiales porque el Consejo de Ministros no ha aprobado hasta ayer la creación de la comisión de seguimiento que recopilará los datos y supervisará el cumplimiento del mecanismo extrajudicial creado por el Gobierno el pasado enero.

El Ejecutivo creó ese mecanismo tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado diciembre que decretó la retroactividad total en la devolución de lo cobrado de más a través de cláusulas suelo nulas, en contra de lo dictaminado por el Tribunal Supremo en mayo del 2013. El sistema extrajudicial del Gobierno daba tres meses a las entidades para responder las reclamaciones de sus clientes y, en caso de darles la razón, abonarles su dinero.

Bankia y la también nacionalizada BMN son las únicas entidades que decidieron devolverlo todo a todos los afectados. La mayoría de los bancos han rechazado la restitución del dinero: han sostenido que van a estudiar caso a caso y han abocado a un gran número de afectados a presentar demandas judiciales, precisamente lo que el Gobierno quería evitar con el procedimiento extrajudicial. Estas entidades se niegan a ofrecer cifras. Se estima que hay 1,5 millones de afectados en total que podrían recuperar unos 3.700 millones.

CRÍTICAS AL GOBIERNO /La asociación de consumidores Adicae considera que esa comisión de seguimiento es una «quimera vacía» que no repara los abusos de los bancos a los consumidores. Según la organización, que aún no conoce los detalles del decreto, se trata de un mecanismo que denota «no solo un monumental fracaso» del Ministerio de Economía en la defensa de los consumidores, sino «su propio carácter engañoso y de protección del sector bancario».

La saturación de los juzgados parece inevitable, pese a que el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado la especialización de 54 juzgados de primera instancia -uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de Canarias y Baleares--, que a partir del 1 de junio se encargarán, de manera exclusiva, de los litigios. El Consejo ha matizado que esta cifra podrá aumentarse en función de las necesidades que se vayan detectando. El Consejo General de la Abogacía ha criticado que la medida hará el proceso más costoso para los ciudadanos y el sindicato de trabajadores de la justicia ha advertido de que no hay medios suficientes.

Bankia calculaba que tendría que devolver el dinero a 60.000 clientes (quedan excluidas empresas y altos directivos del banco), en metálico o mediante una amortización en la hipoteca, para lo que reservó 200 millones. Según sus estimaciones, la cifra final será inferior, ya que hay clientes que no reclaman, y en cualquier caso le permitirá ahorrar 100 millones en costas judiciales que tendría que asumir si los casos llegaban a los tribunales y, como es previsible, era condenada.

Los clientes solo tenían que acudir a una sucursal, donde se les entregaba una plantilla de solicitud en la que, en la mayoría de los casos, estaba calculado el importe a devolver. Una vez analizado que el cliente formaba parte del colectivo amparado por este proceso, se le devolvía el dinero más el interés legal. El banco recordó que eliminó las cláusulas suelo en 2015 y destacó que su mecanismo «permitía ahorrar tiempo y dinero en procedimientos judiciales».