La consultora Pricewaterhouse Coopers (PwC) pactó cobrar a Tata Motors un extra de 20.000 euros por cada millón de euros que ahorre la compañía --respecto al techo fijado-- en el coste global de indemnizaciones por despido de los trabajadores de Tata Hispano. Este plus también se contempla en el caso de lograr negociar con el Ministerio de Industria una rebaja en la devolución de los créditos por valor de 10 millones que recibió en el 2009 y el 2010 a través de planes de competitividad.
Así lo recoge el contrato --al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO-- que la firma de servicios profesionales cerró el pasado enero con la multinacional india para ejecutar la clausura ordenada de la fábrica aragonesa de carrocerías para autobuses y autocares, que dejará en la calle a 287 trabajadores. Este documento no contempla otra alternativa que no sea el cierre.
Estas cifras corresponden a la parte variable de los honorarios acordados, que contemplan asimismo elevar a 40.000 euros ese extra a partir del quinto millón ahorrado en dichos costes. El pago fijo se establece en 50.000 euros al mes durante el tiempo que la consultoría asesore a Tata Motors en la ejecución del cierre, fijando un periodo mínimo de nueve meses aunque el desenlace del proceso se adelantara.
TRANSFERIR ACTIVOS
De esta manera, PwC se aseguraba con este contrato cobrar un fijo de 450.000 euros que se elevaría si se alargaran más de nueve meses los plazos para cesar la actividad de la fábrica y en función del desarrollo de las negociaciones del ERE de extinción con el comité y con el departamento dirigido por José Manuel Soria. Con estos parámetros, cuanto menos cobren los despedidos y menos fondos recupere el erario público, más se embolsará PwC.
El pago de estos incentivos es proporcional a la cantidad ahorrada a partir del escenario más costoso estimado por la consultora en un estudio previo de diciembre del 2012. En el gasto de los despidos, el techo es de algo más de 14 millones de euros, correspondiente a una indemnización de 45 días. No obstante, el análisis previo de PwC recomienda el límite marcado de la última reforma laboral (33 días).
En el caso de las ayudas públicas, la consultora se proponía negociar con el ministerio una quita de hasta el 50% en la devolución de los créditos.
En otro apartado del contrato, se especifican los servicios que PwC prestará a Tata en las diferentes fases del proceso de cierre y pormenoriza los procedimientos a seguir para la extinción colectiva de contratos. En la fase preliminar de preparación del proceso, se establece que PwC, entre otras muchas funciones, intervendrá en la gestión y será el enlace "durante la comunicación con todos los actores involucrados (excluyendo a Avanza)". También dará apoyo a la "definición de la estrategia para la venta / recompra de activos no estratégicos (incluyendo las existencias de Marruecos y de los derechos de propiedad intelectual)". De igual forma, ayudará a la compañía a analizar la actividad residual necesaria para mantener las pérdidas fiscales.
El documento refleja una segunda fase para ejecutar el cierre. En esa etapa, la consultora asistirá a Tata para negociar con el Ministerio de Industria la devolución de los créditos y le dará cobertura para negociar "la cancelación de los compromisos futuros (excluyendo Avanza)", así como dar apoyo para transferir "la propiedad de los activos estratégicos de Tata Motors".
REACCIONES
Tata Motors y PwC eludieron ayer valorar el contrato desvelado por este diario, que probaría que el cierre de Tata Hispano estaba ya decidido, al menos, en enero de este año. Pese a ello, el grupo indio ha decidido denunciar el robo de "documentos confidenciales".
Por su parte, el presidente del comité, José Luis Chueca, opinó ayer que dicho contrato evidencia "que Tata Motors nos ha estado engañando". A su juicio, este documento y otras "maniobras" demuestran que el grupo indio "ha camuflado" el cierre. "Esto merece una investigación a fondo", advirtió.
