La anulación por parte del Tribunal Constitucional (TC) de la gestión estatal de la ayuda económica de 430 euros durante este año incluida en el Programa de Activación para el Empleo (PAE) es el segundo varapalo que recibe el Estado en los subsidios destinados a parados.

Al igual que ocurrió con el plan Prepara el pasado verano, el Constitucional ha vuelto a dar la razón parcialmente al Gobierno vasco, al anular el decreto que regula el PAE en los aspectos que tienen que ver con el ámbito competencial, de forma que -sin suspender la prestación- establece que su gestión corresponde a las autonomías en lugar de al Estado. Como en el PAE, los parados de larga duración acogidos al Prepara tienen derecho a una prestación de hasta 450 euros mensuales, que el Constitucional entiende que han de tramitar los Gobiernos autonómicos.

El Constitucional precisa que «la sentencia no anula la ayuda económica sino que corrige un aspecto competencial» y dice que la gestión corresponde a las autonomías, no al Estado. «En contra de lo afirmado por el abogado del Estado, nos encontramos ante unas medidas que intentan incentivar la contratación de desempleados de larga duración en condiciones especialmente vulnerables, a través de acciones de políticas activas de empleo que faciliten su retorno al mercado laboral», dice el TC.

A raíz de la sentencia sobre el Prepara en julio, el Ministerio de Empleo empezó a negociar con la patronal y los sindicatos en la mesa del plan de choque para el empleo para revisar y unificar las distintas prestaciones existentes para desempleados de larga duración: Prepara, PAE y renta activa de inserción (RAI). El Gobierno quiere tener listo para mayo un modelo que simplifique los distintos programas, para darles coherencia, adecuarlos al marco competencial y a la doctrina del Constitucional, y mejorar la eficacia de la cobertura existente.

El PAE nació en el 2014 en La Moncloa, fruto de un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales y su última prórroga finaliza el próximo mes de abril. El año pasado, el Congreso de los Diputados aprobó la prórroga y modificación del PAE para facilitar el acceso a un mayor número de desempleados.