Los sindicatos CCOO y UGT ya han puesto deberes a los futuros diputados. Ignacio Fernández Toxo y Josep María Álvarez entregaron ayer en el Congreso de los Diputados las 700.000 firmas que respaldan la iniciativa legislativa popular para crear una renta de ingresos mínimos para quienes carecen de recursos de todo tipo. Se trata de implantar una prestación de 426 euros mientras duren las condiciones de precariedad para unos 2,1 millones de personas que actualmente se encuentra en el umbral de la pobreza. El coste anual de la medida sería de 11.000 millones de euros, el 1% del PIB.

Los líderes sindicales esperan que los diputados elegidos el próximo 26 de junio dediquen al debate de esta iniciativa algo más de los veinte minutos que emplearon para una propuesta sindical contra las reformas laborales en la legislatura pasada, según manifestó el líder de CCOO a las puertas de la Cámara baja. "Espero que los partidos políticos no hagan oídos sordos a esta creciente demanda porque la desigualdad es el más potente disolvente social" dijo Toxo, para quien la pobreza está asociada a la "gestión neoliberal" de la crisis que ha recortado las ayudas a los parados.

La dotación presupuestaria no es problema para Pepe Álvarez, que ha pedido directamente que se destinen a esta renta mínima los 80.000 millones de fraude fiscal que se contabilizan cada año. "Un país justo es uno que recauda impuestos", subrayó.

En la actualidad las rentas mínimas de inserción sólo tienen una tasa de cobertura del 5,48%, según los cálculos sindicales que cifran en cerca de 13 millones de personas las que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión. La renta mínima propuesta sería incompatible con otras prestaciones contributivas o no y formaría parte del nivel no contributivo de la Seguridad Social. CCOO y UGT quieren que el pago dependa directamente de la administración general del Estado.