El Tribunal de Cuentas ha emitido este miércoles un duro informe sobre la supervisión por parte del Banco de España de las entidades financieras. El documento se refiere al 2015, con lo que alguna de estas deficiencias pueden haberse corregido ya, pero otras han seguido siendo denunciadas por la asociación mayoritaria de los inspectores del supervisor. El organismo fiscalizador hace especial hincapié en los problemas de la inspección de los 14 bancos más grandes y en el descontrol respecto al nombramiento de los principales ejecutivos de las entidades financieras.

La institución presidida por Ramón Álvarez de Miranda, así, ha denunciado la "existencia de dificultades de organización y funcionamiento para el personal" del Banco de España que trabaja con empleados del Banco Central Europeo (BCE) en los equipos conjuntos para la supervisión de los grandes bancos, "derivada de su doble dependencia jerárquica, por un lado con el BCE a través del coordinador del equipo y por otro con sus superiores en el Banco de España". También destaca que "no existía un procedimiento formal preestablecido que determinara y proporcionase los recursos humanos del BE que fueran a formar parte de estos equipos". Unos fallos que parecen no haberse corregido: los propios inspectores criticaron el pasado diciembre los problemas que tienen estos equipos conjuntos.

En cuanto a los bancos más pequeños y a otras entidades no crediticias supervisadas (como la Sareb o las tasadoras), el informe pone de manifiesto "deficiencias" en la metodología que el Banco de España empleó para garantizar el cumplimiento de sus requerimientos y recomendaciones a estas empresas. Así, el supervisor no contaba con un "calendario de comprobación" y el Tribunal de Cuentas ha detectado "falta de homogeneidad y diferencias en el grado y detalle de la información incorporada a los informes de autoevaluación de capital que deben realizar todas las entidades". Tampoco se cumplieron los objetivos de inspecciones in situ en dichas compañías.

DEFICIENCIAS EN LOS NOMBRAMIENTOS

La documento denuncia, por otro lado, que los informes de los bancos y otras entidades sobre la idoneidad para ocupar el puesto de sus nuevos altos cargos "tampoco tenían, en aspectos relevantes, un contenido uniforme ni exhaustivo, ni en la descripción de las funciones del puesto a desarrollar, ni en la exposición de los requisitos de los candidatos". También denuncia que el Banco de España "no realizó control alguno" sobre si las personas nombradas evitaban ejercer sus funciones antes de ser consideradas idóneas por el supervisor, como exige la normativa, y señala que algunas entidades incumplieron el plazo de 15 días desde el nombramiento del ejecutivo para solicitar la aprobación del supervisor.

El Tribunal de Cuentas también ha criticado que algunos "procedimientos que se dilataron en el tiempo, mientras se aportaba la documentación requerida; retrasos en el plazo para que las entidades actualizasen la información sobre sus principales responsables contenida en el Registro de Altos Cargos y la comunicasen al Banco de España; y la utilización de una herramienta informática muy antigua para la gestión del registro que estaba en proceso de actualización y mejora".

INCUMPLIMIENTOS

El informe también destaca que el programa de supervisión de conducta de las entidades (análisis de malas prácticas) no se ejecutó suficientemente por la falta de medios humanos y estuvo mal elaborado, ya que las actuaciones no previstas superaron a las planificadas. También destaca que el nuevo régimen de sanciones no estaba adaptado a las "singulariades" de las entidades supervisadas que no son de crédito.

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas ha recomendado al supervisor "desarrollar, en colaboración con el BCE, los procedimientos para dotar con personal del Banco de España a los equipos de inspección; concretando los perfiles profesionales y estableciendo planes de formación que faciliten su composición"; "mejorar el seguimiento del cumplimiento, por parte de las entidades, de los requerimientos y recomendaciones que formula"; "insistir, en sus comunicaciones con las entidades, sobre la necesidad de mejorar la uniformidad y contenido de sus informes de autoevaluación de capital; así como de los procedimientos de evaluación de la idoneidad de sus altos cargos" y "continuar con la modernización de las herramientas informáticas que utiliza para la evaluación de la idoneidad de los altos cargos y para la supervisión de conducta de entidades.