En plena tormenta por los reintegros reiterados de la hucha de las pensiones, un informe del Tribunal de Cuentas que apunta a deficiencias en el control de pensionistas fallecidos ha puesto a la Seguridad Social de nuevo en el ojo del huracán. El organismo ha alertado de la existencia de fugas en los controles de pensionistas fallecidos después de detectar que 29.321 personas ya muertas, según el INE, seguían cobrando una pensión en el 2014, aunque reconoce problemas en las bases de datos que pueden alterar el resultado. El Ministerio de Empleo desmintió «rotundamente» esa conclusión y limitó los problemas a desfases técnicos de corta duración por el desajuste entre la llegada de los partes de defunción y en casos muy concretos.
El Estado desembolsó a pensionistas muertos 25,3 millones de euros en diciembre del 2014, según recoge el informe de fiscalización del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) correspondiente al 2014, en el que se analizan los datos de fallecidos entre 1997 y agosto del 2015, y en el que el Tribunal de Cuentas concluye que existen una serie de «lagunas y deficiencias» en el control que ejerce la Seguridad Social sobre las defunciones de pensionistas y, en consecuencia, recomienda mejoras para impedir que se paguen prestaciones a personas ya muertas.
El mismo análisis asegura que de los 29.321 pensionistas que en diciembre del 2014 figuraban con el mismo DNI en la nómina de la Seguridad Social y como fallecidos en la base de datos del INE, «seguían en la de octubre del 2015 un total de 27.860, que equivalen al 95%». Sin embargo, el mismo informe reconoce que únicamente en 766 de esas personas había coincidencia del DNI y el nombre y algún apellido debido a múltiples errores en la base de datos del INE. Por ello, el INSS pidió la revisión de las conclusiones del informe.
La Seguridad Social sí admite la existencia de casos de abonos de pensiones a beneficiarios ya fallecidos por motivos técnicos o desfase entre la llegada de la información y la orden de pago que afectaron a 27.525 casos en el 2014 que se redujeron a 5.045 en el 2015. El importe abonado de más, que luego se reclama a los bancos, fue de 27,3 millones en el 2014 y de 11,8 millones en el 2015.
El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, cargó contra las conclusiones del informe: «Es un disparate lo que el Tribunal de Cuentas plantea en su informe y sobre todo en la presentación pública de ese informe». «Todos los procedimientos son mejorables, pero el titular que hay 30.000 pensionistas fallecidos que están recibiendo una pensión no tiene absolutamente nada que ver con la realidad», aseguró Burgos en declaraciones a la Cope.
«El riesgo de que haya una falta de detección del fallecimiento de unos pensionistas en nuestro país y, desde luego, en un plazo superior a años, es inexistente, absolutamente ínfimo. Podríamos estar hablando de casos muy contados», añadió Burgos. El secretario instó al Tribunal de Cuentas a que diga «quiénes son esas personas, y si no lo puede hacer es porque no existen», dijo.
BASES DE DATOS
El Tribunal de Cuentas recomienda al INSS analizar las coincidencias de pensionistas que figuran como fallecidos en la base de datos del INE; instar a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y remitan la correspondiente comunicación; y emplazar a las direcciones provinciales a realizar de manera sistemática un control de vivencia, al menos trianual, para interrumpir los plazos de prescripción.
