La firma estadounidense Uber ha desatado una lucha interna en Europa. El reto de la economía colaborativa abrió ayer el eterno conflicto entre la economía de mercado y la tutela del Estado, la izquierda y la derecha, el servicio público y la competencia. La firma del transporte privado compartido y sus defensores intentaron convencer al Tribunal de Luxemburgo, la más alta esfera de la Justicia en la Unión Europea, de que es una empresa de servicios del entorno digital y no una firma intermediaria de servicios de transporte. El asunto no es en absoluto trivial pese que para muchos casi roza lo evidente. De ese reconocimiento dependerá que las firmas de internet tengan un tratamiento legal distinto que las convencionales del taxi. El veredicto final no se conocerá antes de julio, como mínimo.
La Comisión Europea rompió ayer su neutralidad y se mostró en contra de las tesis de Uber. Bajo la excusa de dar una «opinión legal» a los 15 jueces que deben dictar sentencia, la portavoz de Industria y Mercado Interior, Lucía Caudet afirmó: «Los servicios de Uber en España no solo constituyen un servicio de la sociedad de la información».
«Uber contribuye a vincular a los conductores y pasajeros de manera más eficiente», defendió el abogado de Uber, Cani Fernández, para defender a la firma participada entre otros por Goldman Sachs y GV. La tesis fue defendida por la Asociación Europea de Libre Comercio. «Si ya existe un servicio de transporte en funcionamiento, una empresa no debe poder esconderse tras el velo de un servicio que dice diferente», afirmó la abogada Montse Balaguer, defensora de los taxistas.
Economía y política
El sindicato Élite Taxi abrió la caja de los truenos hace tres años con su denuncia y ahora el enfrentamiento es visible entre países y entre dos concepciones económicas irreconciliables. España, Francia, Irlanda y la Comisión Europea defienden la regulación del sector y que Uber no sea una excepción a la norma. Holanda, donde tiene la sede europea Uber, y Estonia, por ejemplo, apoyaron las tesis de Uber. La izquierda europea insta a la reglamentación de los servicios públicos, la derecha justifica sus principios básicos sobre el libre mercado y coquetea con los intereses de la multinacional del coche compartido.
La estrategia de Uber llega en unos momentos en los que la Comisión Europea está tratando de impulsar el comercio electrónico como elemento clave para la revitalización económica. Pese a ello, no quiere ceder mercados a la iniciativa privada. La UE es consciente de que se encuentra por detrás de Asia y de Estados Unidos en muchos aspectos relacionados con el comercio en internet y que es necesario aplicar medidas. Uber desea aprovechar ese marco normativo más laxo para defender su papel como un modelo de empresa que canaliza la acción de los usuarios en beneficio propio.
«Para dar un servicio de calidad debe haber una regulación estricta, no puede ser que los precios fluctúen en función de la demanda, de si llueve o no», explica Alberto Álvarez, portavoz de Élite Taxi. La investigación realizada por este colectivo constató que Uber centralizaba servicios de alquiler de vehículos con conductor sin seguro de responsabilidad civil, en ocasiones extranjeros y con precios oscilantes.
