El sindicato UGT ha presentado hoy un recurso contra el decreto de revalorización de las pensiones para el 2018 con la intención de denunciar que el Gobierno trata de hurtar al Parlamento un debate sobre las rentas de los jubilados.
El texto presentado ante la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional considera que el Ejecutivo ha utilizado una fórmula inadecuada, un decreto, para fijar la subida mínima del 0,25%, cuando, según el sindicato, debería haber sido mediante la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) o por un real decreto ley.
La central que dirige Josep Maria Álvarez dispone de un estudio jurídico para sostener su recurso. En opinión de Mari Carmen Barreda, responsable de Política Social de UGT, al no haber una ley de Presupuestos este año (se han prorrogado los del año pasado) la revalorización de las pensiones debería haber tenido carácter de decreto ley para que después fuera sometido a convalidación en el Congreso. Por ello considera que el Ejecutivo "teme al parlamento" en el que hay una mayoría contraria que "tumbarían la subida del 0,25 %" mediante la derogación de la reforma del 2013.
Hasta ahora, las distintas propuestas de los grupos parlamentarios con ese objetivo y exigiendo al Gobierno un aumento mayor de las pensiones están bloqueadas por la mayoría que forman en la Mesa del Congreso el PP y Ciudadanos.
UGT ha recurrido el decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018 dentro del plazo de dos meses desde su publicación en el BOE el pasado 30 de diciembre.
Barrera ha hecho un nuevo llamamiento a todos los pensionistas para participar en las movilizaciones del próximo día 1 dentro de la campaña puesta en marcha hace unos meses junto a CCOO y a la coordinadora estatal de defensa de las pensiones públicas.
Asimismo el sindicato ha reiterado su apoyo a las iniciativas de todos los grupos para revalorizar las pensiones de acuerdo con el índice de precios de consumo (IPC).
