El Tribunal Constitucional dio ayer la última estocada al intento de algunas autonomías y ayuntamientos de limitar a 35 horas la jornada laboral de sus trabajadores públicos, en contra de las diferentes medidas del Gobierno central que obligaron a mantener una jornada laboral de 37,5 horas semanales. El pleno del alto tribunal declaró inconstitucional el decreto ley que fijó en el 2016 en 35 horas la jornada de los empleados públicos de la Junta de Andalucía. La sentencia declara que, al reducir a 35 horas semanales la jornada para los funcionarios públicos autonómicos, y a 18 las horas lectivas semanales del personal docente, se vulneran las normas dictadas por el Estado en el ejercicio de su competencia para regular el régimen jurídico de la Administración.
La sentencia sigue la misma senda de las que se dictaron en los casos de Castilla-La Mancha y de País Vasco, que también intentaron recuperar las 35 horas que se habían perdido con el decreto de recortes del 2012 y que posteriormente se reforzó en los Presupuestos Generales del 2017.
La respuesta de la Junta de Andalucía fue inmediata. La consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, manifestó que la autonomía mantendrá para sus 250.000 empleados la jornada «presencial» de 35 horas semanales a la que se sumarán otras 2,5 horas de trabajos preparatorios que los empleados autonómicos realizarán en su tiempo particular.
También se mantendrán, afirmó Montero, los 7.000 contratos que la Junta ha suscrito desde que en el 2013 implantó este horario y añadió que espera convertir esta decisión en un decreto la próxima semana tras pactarlo con los sindicatos. Montero exigió al Gobierno que «regule para todo el Estado» las 35 horas para los empleados públicos en los Presupuestos del 2018 «ahora que empieza la recuperación».
Según fuentes del sindicato CSIF, mayoritario en el sector público, y que había firmado con la Junta de Andalucía y otros sindicatos la jornada de 35 horas, esta sentencia pone en cuestión la continuidad de 7.000 puestos de trabajo en la comunidad, que se crearon al amparo del decreto declarado ahora inconstitucional. La norma andaluza fue recurrida por el Gobierno central.
LA POSTURA SINDICAL / La Junta de Andalucía comenzó a aplicar a mediados de enero la jornada laboral de 35 horas semanales en el sector público, de acuerdo con el decreto ley convalidado por el Parlamento andaluz en el 2016. Dicho decreto permitió restablecer una mejora instaurada en 1999 pero que fue suspendida en el 2012 por las normas estatales de estabilidad financiera.
El CSIF reclama desde hace meses la derogación de varios aspectos del decreto de recortes del 2013, y concretamente el que se refiere a la duración de la jornada laboral, con el objetivo de permitir que en las autonomías y otras administraciones en las que haya un acuerdo entre estas y los sindicatos y sea viable la medida se pueda aplicar. En este sentido, fuentes del mismo sindicato pusieron como ejemplo el acuerdo alcanzado con el Ejecutivo autonómico de Castilla y León, presidido por el PP, a favor de implantar las 35 horas en la comunidad «en cuanto el Gobierno central lo permita».
