La Comisión Europea lanzó un ultimátum a España y a otros cuatro países -Croacia, Chipre y Portugal- en mayo del 2015 para incorporar a la legislación nacional ladirectiva sobre créditos hipotecarios. Desde entonces, ninguno de los cuatro países han cumplido con el requerimiento -el plazo límite era el 21 de marzo de 2016- y Bruselas ha decidido denunciarles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
La directiva, según la Comisión Europea, tiene como objetivo crear un mercado del crédito hipotecario con un nivel de protección elevado para los consumidores . Por ejemplo, incluye normas de conducta para los proveedores, como la obligación de evaluar la solvencia de los consumidores y divulgar información, requisitos en materia de conocimientos y competencia del personal así como disposiciones relativas a determinados aspectos del crédito hipotecario como el reembolso anticipado, los préstamos suscritos a moneda extranjera, la tasación de la propiedad, la educación fInanciera, la demoras o la ejecución hipotecaria.
Además, la Comisión ha instado a las autoridades españolas a que aclaren en el plazo máximo de dos meses trasposición de la normativa sobre cuentas de pago que concede a todos los residentes en la UE el derecho a una cuenta de pago básica a cambio de una comisión razonable, independientemente del lugar de residencia. Si no responde satisfactoriamente el caso podría terminar también ante la corte europea de justicia.
