Uno de los peores temores del sector del carbón se ha cumplido. La Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) ha emitido un informe negativo sobre el nuevo mecanismo diseñado por el Gobierno para incentivar el uso del mineral nacional para generar electricidad. Esto enturbia más si cabe el futuro de esta actividad y, en consecuencia, la decisión de Endesa sobre la inversión millonaria que debe hacer en la térmica de Andorra para garantizar su continuidad más allá del 2023.
El organismo supervisor pone reparos a la llamada orden ministerial de pagos por capacidad, la fórmula con la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy pretende subvencionar la modernización de las centrales de carbón. Así, la propuesta del Ministerio de Industria contempla una ayuda de 93 millones de euros para la planta andorrana, cuya reforma para adaptarse a la normativa medioambiental europea asciende a unos 230 millones.
El informe hecho publicó ayer por Competencia no es vinculante, pero supone un duro varapalo para un sector en profunda crisis. El golpe se suma a la tardanza del Gobierno del PP en la puesta en marcha de este nuevo mecanismo, llamado a suplir el anterior sistema de primas (decreto de garantía de suministro) que expiró en diciembre del 2014. Precisamente esa norma ya prescrita también recibió en su día el rechazo de Competencia, pero después de una larga batalla --que provocó la paralización de la actividad minero-eléctrica-- el entonces Ejecutivo socialista logró sacarla adelante con el aval de Bruselas.
Lo mismo tratará de conseguir ahora el Gobierno, pero el retraso acumulado juega en contra del sector, cuyo sostenimiento a corto plazo depende de que las eléctricas compren carbón nacional sin incentivos. El ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró ayer que está en contacto con la Comisión Europea para conocer la postura comunitaria acerca de dicha orden.
AYUDA MEDIOAMBIENTAL
Competencia cuestiona la medida por considerar que algunos de sus aspectos, "además de no estar suficientemente justificados en cuanto a su necesidad y proporcionalidad, no pueden considerarse como mecanismos de capacidad ni ayudas medioambientales".
Este diario publicó el pasado sábado un noticia en la que, citando fuentes de Carbunión y una información del Diario de León, se afirmaba que Competencia había dado el visto bueno con algunas reticencias a la citada orden ministerial, algo que ayer se conoció oficialmente que no era cierto. Desde la organización empresarial atribuyeron ayer este equívoco a una "falsa filtración" procedente de una empresa eléctrica y de organismos gubernamentales.
