El sector de la seguridad privada sigue instalado en la conflictividad laboral y con varios frentes abiertos. El mayor de ellos está en la negociación del nuevo convenio nacional, del que dependen 1.600 trabajadores en Aragón y 100.000 en toda España, que se encuentra lejos del acuerdo tras casi un año de diálogo. Por este motivo, un centenar de vigilantes se concentraron ayer ante la sede de la Delegación del Gobierno en Zaragoza para exigir unos «salarios dignos». La protesta fue convocada a nivel nacional por los sindicatos UGT, CCOO y USO, que amenazan con endurecer las movilizaciones si los empresarios no atienden sus reclamaciones retributivas.

Tras meses de bloqueo de la negociación, las patronales del sector han retirado provisionalmente de la mesa los elementos que más polémica generaban en la parte sindical, como la congelación de la antigüedad, la modificación de incapacidad temporal y el cambio sustancial en cuanto a derechos vinculados con el transporte de fondos. Ahora el punto de fricción entre ambas partes se centra en los salarios.

«La empresas de seguridad en España no han dejado de engrosar sus beneficios durante todos los años de crisis, mientras los trabajadores han sufrido un pérdida notable de poder adquisitivo», denunció Antonio López, responsable de Seguridad Privada de UGT Aragón. En concreto, precisó, en el convenio 2012-2014 se aplicó una bajada salarial a la que siguió una congelación en el acuerdo del periodo 2015-2016.

«La patronal sigue mostrando una manifiesta pasividad en abordar compromisos reales de incrementos mínimamente razonables de salarios, así como establecer elementos de avance suficientes cimentados en el diálogo social», agregaron desde el sindicato. UGT, CCOO y USO piden una subida del 2,5% para 2017, 2018 y 2019, mientras que los empresarios optan por congelar los sueldos este 2017 y un alza del 1,5% para los dos siguientes.

López acusó también a la Administración de las malas condiciones salariales del sector, que un 30% depende de la contratación pública. «Tiene parte de culpa», afirmó. Como ejemplo, recordó los conflictos surgidos en la vigilancia del aeropuerto de El Prat o en el de Barajas, donde los sindicatos estudian convocar una huelga en noviembre.