Óscar Cámara Gil, sexto candidato de la lista de la coalición PP-PAR al Congreso por Zaragoza (y único aragonesista) lleva dos años desoyendo una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que le ordena demoler gran parte de la ampliación ilegal que realizó en su chalet de la urbanización Torres de San Lamberto de Zaragoza. Tanto es así que el Ayuntamiento de Zaragoza está en trámites de conseguir una orden judicial para entrar en la vivienda y derribarla.
La decisión en realidad la adoptó el consistorio hace seis años --en junio del 2010, concretamente--, cuando el consejo de Gerencia de Urbanismo le ordenó el derribo y lo ratificó, tres meses después, tras su protesta. El político recurrió a los tribunales, que tanto en primera instancia (en lo Contencioso-Administrativo) como en apelación ratificaron la decisión municipal.
Esta lleva siendo firme desde junio del 2014, pero a estas alturas la casa sigue intacta. Y es que, según fuentes municipales y vecinales, el sexto de la lista de Eloy Suárez al Congreso no recoge las notificaciones en su casa. Lo que, entre otras cosas, hace que haya que publicar los trámites por edicto --hasta que no aparecen en los boletines oficiales no se le puede dar por enterado--. Y los plazos se dilatan.
El retraso tiene desesperado al matrimonio propietario del chalet contiguo, que denunció las obras ilegales hace nada menos que once años. La obra no solo les dejó sin vistas la ventana del salón, sino que al aprovechar una arqueta que correspondía a su vivienda generó problemas de saneamiento y olores.
Así lo explicaba su hijo, Manuel Becana, que admite su desesperación ante las maniobras dilatorias de Cámara. "Son ya 11 años y me gustaría que mis padres vieran que se ha conseguido hacer algo", admitía.
Este diario intentó ayer sin éxito contactar con Cámara.
