PSOE y Podemos cerraron ayer por la tarde el decálogo de medidas que el partido liderado por Pablo Echenique ha puesto sobre la mesa. El mayor desencuentro se produjo precisamente en el último punto, que se centraba en el modelo de televisión y radio autonómicas. Las propuestas son de momento antagónicas. Los socialistas abogan por hacer cambios y ganar en transparencia. Pero los miembros de la formación violeta quieren ir más allá; se oponen a que los informativos estén externalizados; exigen concursos para nombrar a los responsables del ente y quieren despolitizar el consejo de administración.

No hubo ni un solo acercamiento sobre estas cuestiones y los negociadores se levantaron de la mesa con la certeza que será necesario trabajar mucho para alcanzar un acuerdo en el modelo de medios públicos. Los socialistas defendieron el sistema actual, por ser equilibrado y nada manipulado, tal como lo evidencias los datos de la audencia, según dijo el portavoz del PSOE, Javier Sada. No logró convencer al representante de Podemos, que en un duro alegato evidenció las presiones que reciben los profesionales por parte de los partidos; puso de manifiesto que es el Gobierno el que coloca a los responsables de la tele y la radio, y por ello, reclamó que es necesario introduir medidas que den un giro a esta situación.

Tampoco hubo acuerdo, o al menos se cerró en falso, el paquete de propuestas para acabar con la pobreza energética. Los cambios legislativos que pretende Podemos fueron cuestionados por el PSOE por sus dificultades técnicas y el peligro que existe de que sean recurridos por las eléctricas. El partido morado quería un impuesto sobre el agua embalsada y un decreto urgente --mejor que un convenio-- para evitar que las familias se queden sin luz y calefacción en invierno. Hubo acuerdo en la filosofía, pero no en la forma de articular la estrategia desde el Ejecutivo. Así que deberá perfilarse la próxima semana cuando se trabaje en el documento definitivo.

Más sencillo resultó el acuerdo sobre la necesidad de frenar la implantación de la LOMCE. Los socialistas aprovecharon para recordar a Podemos que para lograrlo el nuevo Gobierno debe haber tomado posesión en la primera semana de julio, cuando se formalizan las matrículas de los alumnos. Si se retrasa, sería imposible aplicar esta medida. Esta condición, esgrimida con acierto por Mayte Pérez, dejó un tanto descolocados a los representantes de Podemos, que sin embargo no se comprometieron a nada en este sentido. Apelaron a que el acuerdo es cuestión de los dos partidos.

Resultó sencillo alcanzar un acuerdo sobre la necesidad de reducir las listas de espera y de garantizar una sanidad universal. Ambas cuestiones se abordarán desde el nuevo Gobierno a la mayor brevedad posible y a poder ser antes de un año.