Si algo ha caracterizado la gestión del Departamento de Obras Públicas, Urbanismo, Transporte y Vivienda ha sido tratar de romper con las gestiones realizadas por Ejecutivos anteriores. El consejero, Rafael Fernández de Alarcón, ha sido una figura controvertida y polémica que ha tenido malas relaciones con todos los grupos de la oposición e incluso con miembros de su Gobierno, hasta el punto que se llegó a especular con la posibilidad --luego no cumplida-- de que a mitad de legislatura se le iba a relevar.
Sus continuas alusiones a "la herencia recibida" y, principalmente, su empeño por sembrar de sospechas la gestión en Plaza, más allá del curso de las investigaciones judiciales en marcha-- y por suprimir el plan de Carreteras efectuado por el PSOE y el PAR (lo que le valió también discusiones con sus socios aragonesistas) al aducir que computaban en el déficit público por el método de concesión a cincuenta años empleado para su ejecución. La rescisión del contrato produjo indemnizaciones millonarias y la política de parcheo de carreteras ha tenido al final un coste elevado sin que además se hayan producido mejoras notables en las infraestructuras viarias de la red autonómica aragonesa.
Además, la consejería ha sufrido un drástico recorte en inversión pública, con motivo de la crisis económica, que se ha plasmado en una de las legislaturas con menos dinero para obras. Aragón fue la segunda comunidad autónoma donde más se redujeron los concursos de obra civil convocados por las administraciones públicas en los seis primeros meses del 2012, reduciéndose en más de un 63% respecto al ejercicio anterior. Aunque posteriormente se mejoró, esta ha sido la tendencia generalizada, en una legislatura con licitaciones escasas.
Debates parlamentarios
En el parlamento han sido frecuentes los agrios debates entre el titular del departamento y los tres portavoces de la oposición, Miguel Aso (IU), Gregorio Briz (CHA) y en especial José Ramón Ibáñez (PSOE). A pesar de ello, el último año la tensión patente se ha ido reduciendo.
El consejero de Obras Públicas señaló en julio del 2012 sobre el Plan de Carreteras 2013-2024 que el Gobierno invertiría 1.387 millones y crearía 475 empleos. En el mes de abril del 2013 se aumentó a los 1.485 millones de euros, en menos de un año y el plan no arranca. Se señala que en total creará 5.700 empleos. El plan destinó más de 651 millones de euros a obras de construcción y 537 millones a conservación y solo 62 millones de euros de 1.535 millones a gastos indirectos.
La presidenta del Gobierno de Aragón, dada la parálisis total de la obra pública, anunció en el debate del Estado de la Comunidad de 2013 que alrededor de 400 kilómetros de la red aragonesa se iban a realizar por el procedimiento de ejecución anticipada, en 2013-2015. Posteriormente, se conoció que con el Plan Impulso se van a adelantar mejoras en carreteras por valor de 13 millones de euros. El Plan de Carreteras es papel mojado porque sería necesario invertir 125 millones cada año para cumplirlo. Además la mayor parte de licitaciones adjudicadas han ido a parar a empresas de fuera de la comunidad, con las quejas que han generado en las empresas de Aragón.
Una de las actuaciones más firme de este departamento ha sido la mejora de los sistemas antialudes y los planes de viabilidad invernal, debido a los problemas cada vez más frecuentes en determinadas carreteras, en especial en Cerler y en Panticosa. Ante la falta de voluntad política del Gobierno central para desdoblar la N-II y la N-232, el Ejecutivo continuó con la política de bonificaciones para vehículos pesados en la AP-68 y la AP-2, que fue complementada con otra bonificación de Fomento.
Especial Elecciones 2015: el balance de las consejerías del GobiernoEspecial Elecciones 2015
