Una parada obligatoria en cualquier proceso electoral español pasa por explicar el sistema con el que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes. El famoso método ideado por el jurista belga Victor D'Hont trata de repartir los escaños de forma proporcional al número de votos que ha recibido. Así contado, la opción más lógica podría ser aplicar una regla de tres, pero en en realidad esta opción no es adecuada cuando los resultados no se pueden repartir, como sucede con los escaños. Por eso se aplica el método D'Hont, aunque la proporcionalidad que establece tampoco es exacta.

Esta fórmula, que utilizan numerosos países, divide el número de votos emitidos para cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. Una explicación (que trataría de ser) sencilla podría ser que se adapta a la ley de oferta y la demanda, es decir, que se fija un precio para cada escaño y los partidos compran con sus votos esos escaños. Lo que pasa que a algunos partidos les sobran votos, es decir, cuentan con papeletas sobrantes, pero no alcanzan a comprar un escaño. Por eso, en el resultado final a cada partido le cuesta una cifra diferente hacerse con un sillón y se dice que este método favorece a los partidos grandes, porque ellos pueden aprovechar mejor los votos sobrantes del resto de las formaciones.

Las circunscripciones

Aunque, según muchos expertos, en realidad el problema que puede presentar este método radica en las circunscripciones: el sistema funciona mejor a circunscripciones más grandes, mientras que las de tamaño reducido distorsionan la cuenta, de modo que salen beneficiados los partidos grandes de ámbito estatal y los pequeños con un electorado muy concentrado en pocos sitios (los nacionalistas), y perjudicados los partidos más pequeños de ámbito estatal (lo que sucedió en pasadas elecciones a UPD y a IU).

Hasta aquí la teoría. Pero ¿qué sucede en Aragón? Los 67 diputados que forman las Cortes se dividen entre sus tres circunscripciones, que se corresponden con las provincias, pero con una sobrerrepresentación de Huesca y Teruel, las provincias menos pobladas. Todo ello con un punto de partida: el partido que no alcanza el 3% de los sufragios no obtiene representación. Y el cómputo total de los votos se halla entre todas aquellas papeletas de algún partido (los que tienen representación o los que no) y los votos en blanco. Es decir, tanto las opciones minoritarias como ese voto en blanco (que en ocasiones se ha interpretado como de protesta) cuentan a la hora de establecer la barrera electoral, lo que contribuye a elevar el umbral, entorpeciendo la obtención de representación a los partidos pequeños y favoreciendo a los grandes.

Pero en realidad, la madre del cordero es la división en circunscripciones. En Aragón, los factores correctores permiten dar más peso político a las provincias de menos población. De los 67 escaños en los que se dividen las Cortes de Aragón, a Zaragoza le corresponden 35 (52%), aunque la provincia acapara el 72,4% de la población.

Teruel tiene casi el 21% de los diputados autonómicos (14), solo con un 10,59% de la población total y Huesca, casi un 27% (18 diputados) con el 17% de los habitantes de la comunidad. En realidad, si el reparto de los diputados fuera estrictamente proporcional a la población de cada provincia, Zaragoza acapararía 49 diputados, frente a los 11 de Huesca y los 7 de Teruel.

Distinto precio

Esto provoca que a un mismo partido le cueste diferente lograr un sillón de diputado dependiendo de los votos obtenidos en cada provincia. Por ejemplo, cada uno de los 7 escaños que logró el PP en Huesca le costó 6.331 votos. En Teruel, cada sillón de diputado se otorgó por cada 4.947 papeletas y, en Zaragoza, se obtuvo un diputado por cada 11.513 votos. Es decir, que sería más valioso el voto de un turolense, dado que una formación precisa menos papeletas en esa provincia para lograr un diputado.

Otra de las consecuencias es que a los partidos menos presentes en todo el territorio pero que pueden concentrar más voto urbano les salga más caro obtener un diputado. Cada diputado del PP en las pasadas elecciones autonómicas costó 8.990 votos y algo menos al PSOE, con 8.963 sufragios por cada uno de sus diputados.

Al PAR, que cuenta con mucho voto en las provincias de Huesca y, sobre todo de Teruel, es al que más barato se salen sus diputados, con 8.884 papeletas necesarias por cada asiento.

En el otro lado de la balanza, IU, pero sobre todo CHA son los más perjudicados. Mientras que a Izquierda Unida cada uno de sus diputados le costó 10.468 votos a Chunta Aragonesista, que acumula un gran porcentaje de voto urbano, es el partido al que obtener representación le sale más caro. Al menos en el 2011, a 13.983 votos por cada uno de sus diputados.

El reparto

El PP obtuvo el 44% de la representación de la Cámara, con 30 diputados, con el 39% de los votos. En el caso del PSOE logró el 32% de los escaños de las Cortes con el 29% de los sufragios. El PAR logró el 10,44% de la representación (7 de los 67 diputados) con el 9,15% de las papeletas.

Mientras, CHA e IU obtuvieron menos representación de la que les tocaría según su número de votos. La formación aragonesista, un 5,9% tras haber obtenido el 8,23% de los sufragios.

En el caso de IU los porcentajes se acercan más: logró con sus cuatro diputados el 5,9% de las Cortes con el 6,16% de los sufragios.

Estas distorsiones llevan años poniendo en el centro del debate la necesidad (o no) de modificar el sistema electoral. Aunque algunos expertos aseguran también que, de todos los sistemas, este es uno de los menos imperfectos.