A Eloy Suárez se le acumulan los problemas en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. No solo por los resultados electorales, ni por ser cuestionada su estrategia de campaña, ni por las decisiones del partido que pueden afectarle en el futuro. La tensión es máxima porque mientras otros partidos están hablando de posibles pactos de cara a la elección del próximo alcalde, de lo que más se habla en sus despachos es de la entrada en vigor de la retirada de la dedicación exclusiva a nueve concejales a partir del próximo 1 de julio.
Se trata de una decisión que deberá adoptar el pleno pero, con todas las variables sobre posibles acuerdos entre Zaragoza en Común, PSOE, Ciudadanos y CHA, Suárez y los concejales conservadores temen ser castigados teniendo que asumir buena parte de los nueve ediles que a partir del 1 de julio deberán buscarse otra ocupación. Una decisión política que se debe objetivar con criterios técnicos, que se dejó sin cerrar en la pasada legislatura y que ahora otros, en solo 17 días, deben hacer efectiva. Una medida impuesta, además, por el Gobierno central que dirige el PP de Mariano Rajoy. Y son otros a los que, si resulta elegido el candidato de Zaragoza en Común, él en primera persona ha estado vapuleando durante toda la campaña electoral.
Una tensión que se ve agravada por el elevado número de incompatibilidades que pueden aparecer para quienes se tengan que buscar la vida en la iniciativa privada, por ocupar un cargo público. Y porque nadie en el partido ha comunicado cuál será su posición en ese debate exprés. Seguramente mañana Suárez, tras la reunión hoy del comité de dirección, dé alguna pista.
Este problema se remonta a muchos meses atrás, a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad impulsada por el ministro Cristóbal Montoro que limitaba, en el caso de Zaragoza, a solo 22 de los 31 concejales esa posibilidad de disfrutar de la dedicación exclusiva. Un texto que dejaba en manos de los ayuntamientos la posibilidad de establecer los criterios para elegir a los damnificados. A la capital aragonesa se le aplicó un periodo transitorio de seis meses por estar sujeto a un plan de estabilidad financiera. Así, se evitó el drama en enero. Pero ahora no se puede.
Para estos, la ley solo contempla la posibilidad de elegir entre el cobro por asistencia a plenos, comisiones o reuniones relacionadas con su cargo, con 14 pagas de poco más de 1.700 euros mensuales de retribución, o escoger una dedicación parcial para la que no se consensuaron qué condiciones tendría, si al 75%, al 50% o al 25%. Eso ahora lo deciden otros. ¿Y si se ponen de acuerdo para gobernar?
