El Congreso de los Diputados vivió la semana pasada uno de sus debates más tensos de esta legislatura entre los partidos que piden poner fin a la prisión permanente revisable (PSOE, Unidos Podemos y partidos nacionalistas) y los que plantean ampliarla (PP y Ciudadanos). Estos últimos no consiguieron aprobar sus enmiendas para endurecer la prisión permanente. Los otros partidos votaron en contra.

Se trata de un nuevo paso hacia el fin de la prisión permanente revisable, una medida muy controvertida sobre la que el Tribunal Constitucional tampoco se ha pronunciado, aunque tiene pendiente hacerlo.

La prisión permanente revisable se aprobó en nuestro país en el 2015 como parte de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza, con los únicos votos a favor del Partido Popular, y también en el marco de un pacto de estado para combatir el terrorismo yihadista.

El partido en el Gobierno pide ahora endurecer la prisión permanente revisable incluyendo nuevos delitos que pueden ser castigados de esta forma, ya que asegura que un endurecimiento de le ley permitirá mayor protección y seguridad para la sociedad.

En la dirección contraria, el PSOE desmiente que un endurecimiento de las penas se traduzca en una mayor protección y seguridad para la sociedad, puesto que hay muchos estudios internacionales que demuestran que esto no es así. «¿Qué queremos, venganza o justicia? La venganza no casa bien con la democracia».

Ciudadanos, que hace seis meses consideraba «inhumana» la ley, se muestra ahora partidario de mantenerla y de que se endurezca el acceso de los condenados con esta pena a beneficios penitenciarios. Por su parte, Podemos, que ya en su día se desmarcó del pacto de estado antiyihadista, insiste en la idea de que «cualquier pena excesiva es tiránica».