El futuro de las pensiones

En este acto participaron representantes de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas en Zaragoza, de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones y del Movimiento de Pensionistas y Jubilad@s Indignad@s, organizaciones que están liderando las manifestaciones que desde hace semanas han llenado las calles de todo el país para exigir al Gobierno unas pensiones dignas.

Las protestas de los pensionistas tienen su origen en las últimas reformas del sistema público de pensiones en nuestro país, como el retraso de la edad de jubilación a los 67 años o el aumento de los años que hay que cotizar para poder acceder al 100% de la pensión. Otra de las principales quejas de los jubilados tiene que ver con las cuantías actuales de las pensiones, que en la mayoría de los casos no superan los 1.000 euros mensuales.

El anuncio del Gobierno de subir las pensiones un 0,25% para este 2018 ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha hecho estallar la indignación de los pensionistas, que consideran este incremento «insuficiente» para hacer frente al coste de la vida actual.

El sistema público de pensiones es un sistema solidario, un pacto entre generaciones mediante el cual los trabajadores y empresas aportan todos los meses una cantidad de dinero a la Seguridad Social para pagar las pensiones de las personas jubiladas, tal y como ellas hicieron a lo largo de su vida laboral.

Estas cotizaciones permiten que cuando una persona llega a la edad de jubilarse y deja de trabajar, pueda cobrar una cantidad mensual para hacer frente a sus gastos de vivienda, alimentación, luz, gas, etc. Esta cantidad se calcula en función de lo que la persona ha ganado durante sus años de trabajo y el tiempo que ha estado cotizando.

«En la actualidad, el dinero que se recauda con estas cotizaciones solo cubre el 90% del pago de las pensiones», explica Lourdes, de la Coordinadora Estatal en Defensa de las Pensiones Públicas en Zaragoza, que lo achaca a que los empleos que se crean son «tan malos y con tan bajos salarios» que las cotizaciones son cada vez más pocas, pero también a «los descuentos que se hacen a las grandes empresas en las cotizaciones a la Seguridad Social», lo que «reduce la capacidad para el pago de las pensiones por esta vía».

Po otra parte, señala esta jubilada, la hucha de las pensiones creada en el Pacto de Toledo en 1995 para garantizar la estabilidad del sistema público de pensiones «ha sido saqueada» durante los años de crisis económica «de manera sistemática». De los 67.000 millones de euros que esta hucha llegó a acumular en el 2011, en diciembre del 2017 quedaban solo 8.000, lo justo para pagar una mensualidad. «Y ahora nos dicen que no son viables las pensiones, como cuando habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades», critica Lourdes.

«Es evidente que hay un déficit, pero nos hacen creer que el sistema de pensiones no es sostenible cuando esto no es así», asegura Pepe, compañero de Lourdes en la Coordinadora. «Antes eran necesarios dos trabajadores para sostener a un pensionista y ahora hacen falta más, pero también la economía es más productiva que hace 30 años y se obtienen más beneficios económicos», explica.

El problema, en su opinión, es que el actual sistema de reparto no alcanza para pagar las pensiones actuales y mucho menos las futuras. Por eso, una de las principales reivindicaciones de la Coordinadora es que el Gobierno garantice el pago de las pensiones a través de los Presupuestos Generales del Estado y que estas sean reconocidas como un derecho constitucional.

Asimismo, piden una pensión mínima de 1.080 euros mensuales y que las pensiones se revaloricen al mismo ritmo del IPC (Índice de Precios de Consumo), que aumenta cada año en torno a un 3% en nuestro país, empezando por todo lo perdido desde que se congelaran las pensiones en el 2012.

Este incremento es fundamental para mantener las pensiones. «Si el IPC aumenta un 3% y las pensiones un 0,25% como pretende el gobierno, de aquí a unos años los pensionistas seremos mucho más pobres», indica Pepe. A lo que Lourdes añade que «no solo se trata de la subida del IPC, ya que los jubilados no compramos coches pero sí que pagamos la factura de la luz, que aumenta cada año muy por encima del 3%».

Estos jubilados aragoneses van más allá y consideran que lo que está en juego es «el futuro de las pensiones» para los jóvenes y trabajadores que todavía no han alcanzado la edad de jubilación. «Hay un intento de privatización y de hacer negocio con las pensiones, como ha sucedido con otros servicios públicos como la sanidad o la educación», esgrimen.

Ni siquiera el acuerdo de la semana pasada entre el PP y el PNV para aumentar la subida de las pensiones el 1,6% este año y de acuerdo al IPC en el 2019 ha logrado apaciguar los ánimos. «En las pensiones mínimas de 400 y 500 euros, esta subida no soluciona el problema de la pobreza», afirman desde la Coordinadora, que anuncia que seguirán con movilizaciones hasta alcanzar sus objetivos en todo el territorio español.

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