Dos jóvenes de 14 y 16 años asesinan a un matrimonio de ancianos en Bilbao para robarle. Un joven de 14 años de Granada agrede a su madre en la mano con un cuchillo al quedarse sin internet mientras disputaba una partida en red. Una menor de 15 años acuchilla a otra de 13 por una riña en el patio del colegio. Estos son algunos de los delitos más recientes protagonizados por menores en nuestro país que han hecho saltar las alarmas sobre un posible aumento de la violencia juvenil.
La imagen que transmiten estas noticias es que la violencia juvenil crece de forma rápida y sin control, cada vez hay más delitos cometidos por menores y estos son cada vez más graves. Sin embargo, según el Instituto Nacional de Estadística, los delitos cometidos por menores no solo no aumentan sino que se han reducido en los últimos años. Los datos del 2016 hablan de 12,928 condenas a menores con sentencia firme, un 7,5% menos que en el 2015. En Aragón la cifra se ha mantenido estable en la última década. De hecho, la comunidad se sitúa por debajo de la media española en lo que a condenas de menores se refiere, en concreto, es tercera por la cola.
Según el responsable del Área de Menores en Conflicto Social del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Antonio Balsa, esto se debe a que en Aragón «existe una red social que apoya bastante, y las familias tienen un papel fundamental en la prevención de los delitos. Además, también hay una mayor confianza en el sistema judicial por la atención educativa que se presta. De hecho, muchos casos que podrían resolverse antes en el ámbito de la familia o en el centro educativo terminan en los tribunales».
La Unidad de Menores que dirige Antonio Balsa realiza una labor muy importante en este campo. Esta tiene un doble cometido, por un lado, dotar de contenido educativo a las medidas de los juzgados de menores que son en régimen abierto, es decir, cuando el menor es condenado pero queda en libertad, y por otra, atender las peticiones de la fiscalía de mediar con las víctimas e intentar alcanzar acuerdos antes de llegar a juicio. Por ejemplo, si el menor ha ocasionado algún desperfecto se llega a un acuerdo para subsanarlo.
«La mayoría de los delitos que se denuncian, casi un 40%, se resuelven por esta vía. Las medidas educativas las aplicamos nosotros con programas diversos que tienen en cuenta las dificultades sociales y personales de los jóvenes, así como otros aspectos psicológicos y de salud», explica Balsa.
Del resto de casos que llega a juicio, la mayoría terminan con el menor en libertad vigilada y solo en casos muy graves se le priva de libertad. «El objetivo es que reconduzcan la situación y puedan hacer una vida normal. Por ello se apuesta por servicios a la comunidad u otras medidas educativas», incide el especialista.
Balsa desmiente rotundamenta que haya más delitos cometidos por menores y de mayor gravedad, aunque «los delitos más llamativos saltan antes a la palestra y remueven mucho las conciencias». En Aragón, los delitos más habituales entre menores son los de robo, hurto, conducción sin carné y lesiones. Otros como los delitos contra el patrimonio o el acoso escolar tienen un menor peso. Solo algunos delitos graves han aumentado ligeramente en los últimos años, como los abusos y agresiones sexuales, y las amenazas y las coacciones, «ya que las redes sociales hacen más fácil tanto que se amenace como que quede constancia de ello y se denuncie». Los casos de homicidio «son muy raros» en la comunidad, aunque «alguna vez se han dado», reconoce el técnico.
En ocasiones se culpa de estas situaciones a la ley, a la que se achaca que sea demasiado blanda a la hora de tratar a los menores. Pero según Balsa, las medidas se han endurecido con los ultimos cambios legislativos. «Hace 20 años un menor que cometía un homicidio pasaba dos años de internamiento, mientras que con la ley actual de responsabilidad penal del menor son 5 años» y, aunque parezca poco, «hay que tener en cuenta que el tiempo no pasa igual para alguien de 30 o 50 años que de 15, que se está formando como persona».
La ley considera a los menores de 14 años no imputables, o lo que es lo mismo, no se le puede acusar de ningún delito. No obstante, recuerda el especialista, eso no quiere decir que no sean responsables. «La responsabilidad de los padres existe aunque el menor tenga menos de 14 años y todas las consecuencias legales de sus actos las pagan los padres», subraya. Por ejemplo, en los casos de acoso escolar, podrían tener que asumir los costes del tratamiento psicológico de la víctima.
Balsa destaca la importancia de la prevención de la violencia juvenil, ya que cuando un menor comete un delito no debe verse como un problema personal, sino como un «fracaso colectivo» que requiere de soluciones colectivas. «A veces la represión no es el único ni el mejor remedio, todo lo que se pueda evitar con educación, mucho mejor», concluye.
