La Asociación de Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa) presentó el jueves por la tarde una denuncia ante el juzgado de guardia por entender que se ha producido un claro incumplimiento de la Ley de Patrimonio en el derribo de la casa natal del pintor Francisco Pradilla (1848-1921), ubicada en Villanueva de Gállego. Apudepa argumenta su escrito en la tardanza por parte de la Dirección General de Patrimonio de la DGA en solicitar al Ayuntamiento de Villanueva la paralización de la demolición y la omisión del consistorio en acatar una orden que, aunque tarde, la DGA asegura que realizó el martes mediante un aviso telefónico, si bien la solicitud formal no se envió por fax hasta el jueves, cuando las excavadoras ya habían realizado su trabajo.

En la denuncia, Apudepa no señala nombres ni entidades concretas, "sino que nos ceñimos a narrar unos hechos y que sea la Justicia quien determine quién pudiese tener una responsabilidad penal". Eso sí, el representante de Apudepa Carlos Bitrián considera que "lo que sí existen claramente son responsabilidades políticas y posiblemente técnicas, por lo que también vamos a solicitar que se esclarezca todo en las Cortes".

Bitrián se mostró indignado con el departamento de Patrimonio de la DGA, a quien considera "cómplice de este atentado cultural", ya que "aunque tenía en su poder la petición de catalogación desde el viernes pasado, no ha actuado en toda la semana para simplemente aplicar el artículo 17 de la ley, que obligaba a paralizar las obras hasta que se decidiese si la casa podía ser catalogada o no". Bitrián tildó de "extremadamente grave el cúmulo de contradicciones y mentiras vertidas" sobre el proceso que ha llevado la solicitud, "pues dicen que les llegó el martes y se entregó el viernes, como demuestra el sello del registro".

En el departamento de Patrimonio, ayer, ningún responsable supo o quiso explicar a este diario si ahora era posible tomar medidas con los propietarios del inmueble o con el ayuntamiento ante el hecho de que no se tuviese en cuenta el aviso del martes. Bitrián, que dice que ha tratado de hablar con el departamento varias veces sin éxito lamenta que "nos están tomando el pelo a los ciudadanos y empezaremos a creer a la DGA cuando denuncien al ayuntamiento por no acatar una orden dada por ellos".