De negro, frente a un ataúd cubierto de libros y flores y portando una pancarta con el lema "Ley Lassalle, todos a la calle", artistas, intérpretes y cineastas escenificaron ayer en Madrid la muerte de la Cultura en España que, a su juicio, supone la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI).
La ley Lassalle, como la han bautizado, "da la puntilla al sector", afirmó Abel Martín, director general de Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE), convocante del acto junto a la Unión de Actores.
Detrás de la pancarta, y a las puertas de la secretaría de cultura, se pudo ver a decenas de profesionales del sector, como Aitana Sánchez Gijón, Álvaro de Luna, Juanjo Puigcorbé, Pilar Bardem, Melanie Olivares, Asunción Balaguer o José Luis Cuerda, que rubricaron las razones de su oposición a la nueva norma.
La reforma, que se votará en el Senado el próximo 14 de octubre, supondrá el "golpe definitivo" al sector cultural, ya debilitado por el incremento del IVA cultural y el descenso de la inversión, según afirmaron los convocantes, que portaban pancartas con lemas como "Sin cultura no hay riqueza". Y calificaron de "expropiación forzosa" el hecho de que la nueva norma implique una reducción cercana al 45% en el reparto de las entidades de gestión a sus socios, un punto que "favorece a las multinacionales tecnológicas, cadenas hoteleras y compañías telefónicas a costa de perjudicar a los creadores y a los consumidores en general", dijeron los convocantes.
Los creadores subrayaron que la actual LPI refrenda el nuevo modelo de copia privada, por el que esta compensación se carga a los ciudadanos a través de los presupuestos generales del Estado, en lugar de a los fabricantes de teléfonos inteligentes, tabletas y demás dispositivos, "un sector que factura 100.000 millones de euros en España y paga 1,2 millones en impuestos en España", subrayaron.
La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual incluye puntos para la mejora en el control de las sociedades de gestión, un aspecto que según el presidente de AISGE, "pone tantos palos en la ruedas de la gestión colectiva que la paraliza de hecho".
La nueva norma supondrá una merma de competitividad a la industria cultural española frente al resto de países comunitarios, según afirmaron ayer los creadores, que cifran en 25.000 los puestos de trabajo perdidos en el último año, mientras otros 400.000 corren "serio peligro", aseguraron.
"La industria no está en peligro, está en quiebra", explicó el director de cine José Luis Cuerda, para quien la LPI "está consiguiendo llevarnos al pasado de una manera eficacísima, y lo peor es la moral que la impregna, que se añade a la máquina que está machacando todo el sector cultural, básico para crear conciencia y para la existencia intelectual y moral".
La concentración concluyó con sus protagonistas depositando flores en el "ataúd de la cultura" y un llamamiento al debate y al diálogo, en el que se reclamó la "implicación directa" de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la redacción final de la LPI.
