La Diputación Provincial de Zaragoza admite que la celebración de la feria taurina del Pilar, en octubre, corre peligro tras haberse conocido ayer que el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) ha estimado el recurso contra la adjudicación de la plaza de toros de La Misericordia interpuesto por la mercantil Kranebitten 1976 SL, y que va a ser recurrido por la institución ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Dicha resolución del TACPA significa que queda invalidado el acuerdo de DPZ para la adjudicación del contrato a la Unión Temporal de Empresas formada por Tauroejea 2009 SL y Circuitos Taurinos SL el 16 de abril de 2018 y en la que Kranebitten quedó finalista -igualada a puntos- lo que obligó a un sorteo, que resultó favorable a la UTE.

El vicepresidente primero de la diputación, Martín Llanas, aseguró ayer que «respeto pero no comparto» la decisión del tribunal, en tanto en cuanto, según explicó, la razón que esgrime es que de los 44 festejos que contenía el pliego de condiciones (11 por año), uno (la corrida de San Jorge) no se pudo celebrar en la fecha propuesta. Martín Llanas anunció que los servicios jurídicos de la DPZ «ya están trabajando en el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón».

procedimiento urgente / Así las cosas, a día de hoy la concesión está invalidada y la plaza no tiene empresa adjudicataria. Tal circunstancia devolvería a la institución provincial a la casilla de salida, es decir, a la convocatoria de un nuevo concurso, pero éste resultaría extremadamente arriesgado dado el calendario burocrático previsible. Sí se haría ineludible, en las mismas condiciones que el anterior, una vez pasada la Feria del Pilar.

Serían dos las vías de actuación de la diputación en este momento: por un lado, presentar un recurso ante el TSJA contra la resolución del TACPA (que al ser de carácter contencioso-administrativo se prolongaría unos diez o doce meses) y que tendría su propio recorrido sin afectar al escenario actual; de otro, convocar con carácter de urgencia un procedimiento abierto que afectara solo a la Feria del Pilar y así, intentar garantizar su celebración.

Esta opción, que los servicios jurídicos de DPZ denominan «contrato puente», estaría dentro de la norma y podría ser una solución sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público, que impide plantear un procedimiento negociado. Pero no la única, ya que Francisco Martínez, jefe de Gabinete de Presidencia, afirmó que «a lo largo de la mañana hemos atisbado otra posibilidad que no me aventuro a anunciar hasta que no estemos seguros de que podría ser de correcta aplicación». Lo que sí es seguro es que no habrá gestión directa -mediante gerente contratado al efecto- por parte de la propia diputación. Ante esa posibilidad, Martín Llanas anotó que «después de experiencias pasadas…».

Las previsiones, en un dibujo a tres bandas entre Presidencia, servicios jurídicos y diputado delegado de la plaza de toros, son que a lo largo de esta misma semana haya decisión en cuanto al formato administrativo y condiciones del nuevo pliego.

Si se tiene en cuenta que el nuevo proceso conlleva una nueva convocatoria con su correspondiente exposición pública, presentación de ofertas, evaluación, periodo de alegaciones y elevación a firme del acuerdo de la Mesa de contratación, estamos hablando de un tiempo precioso que se resta al concesionario una vez que tome posesión efectiva del coso.

No obstante, desde DPZ se afirma que si no hay contratiempos, los plazos no supondrían un problema para salvar la feria.

EL PP PIDE GARANTÍAS // Por su parte, el portavoz del grupo popular en la DPZ, Francisco Artajona, exigió ayer al presidente Sánchez Quero «que ponga en marcha los mecanismos necesarios para que pueda celebrarse la feria con garantías legales». Además, mostró su preocupación por «la calidad de la feria que pueda organizarse de una manera tan rápida» aludiendo a la categoría de la plaza.