La Fiscalía de Madrid solicitó ayer dos años de prisión y un millón de euros de multa para el propietario de la cadena Renoir y expresidente de la Academia de Cine Enrique González Macho por un delito continuado de falsedad en documento público y otro de fraude, que habría cometido, según la acusación, al manipular el número de espectadores de una de sus películas (La isla interior) para obtener una subvención. La misma petición de pena pesa sobre el productor Juan Romero Iglesias.
En su escrito al Juzgado de Instrucción número 44 de Madrid, el fiscal prevé que, en caso de impago de la multa, se castigue a cada uno con seis meses más de cárcel. Además, entre los dos, de forma conjunta y solidaria, deberán abonar al Ministerio de Cultura 272.695,99 euros más el interés correspondiente. La fecha del juicio todavía no está decidida.
El ministerio público sostiene que, el 10 de julio del 2009, González Macho, como administrador de la sociedad Alta Classics SL (entonces la distribuidora indie más potente del mercado, que cerró en el 2013 por el desplome de espectadores y de la industria) y Romero Iglesias, como administrador de Mecanismo Films SL, firmaron un contrato por el que la productora de La isla interior cedía los derechos de distribución a Alta Classics para la explotación y reproducción del filme en España y Andorra «recibiendo por ello el 22% del total de los ingresos netos que se obtuvieran con la comercialización de la película». El filme, dirigido por Dunia Ayaso (fallecida en el 2014) y Félix Sabroso, se estrenó en noviembre del 2009 en distintas salas propiedad de Multicines Cuenca SA, empresa de la que era consejero González Macho.
LA CONVOCATORIA
Un año y medio más tarde, el Boletín Oficial del Estado publicó una resolución del Instituto del Cine (ICAA) por el que se convocaban ayudas para la amortización de largometrajes. Entre las condiciones para obtener esa subvención figuraba que durante los 12 primeros meses de exhibición de la cinta se hubiera alcanzado una recaudación bruta mínima de 330.557 euros y que no superara los 601.012 euros. A su vez, la actual ley del cine imponía a los titulares de la salas de cine la obligación de declarar al ICAA el número de billetes vendidos y la recaudación obtenida en cada sesión.
El productor de La isla interior certificó el 3 de junio del 2011 que la película había tenido una retribución 5.000 euros superior a la mínima exigida, por lo que el Ministerio de Cultura le concedió una subvención de 292.326,61 euros. El problema fue que, para llegar a esta cifra, la fiscalía considera que ambos acusados, «de común acuerdo» y conocedores de la importancia que tenía el número de espectadores para la obtención de ayudas, «manipularon» los datos «a efectos de obtener la subvención».
NÚMERO «INGENTE» DE TÍQUETS
El ministerio público acusa a González Macho de comunicar un dato «irreal» de espectadores en las sesiones matinales y un número «ingente» que superaba a los de las tardes, «sin que dichas sesiones fueran publicitadas ni anunciadas». Las cifras de espectadores, además, no coinciden con las que recibió el ICAA de otras fuentes y sin las cuales no se habría obtenido la subvención.
González Macho, que a sus 69 años está prácticamente jubilado, ha defendido su inocencia desde que el diario El País destapó el llamado caso taquillazo. «Jamás, jamás, jamás he cobrado un duro de una subvención que no me correspondía. Soy un tipo honrado. Nadie en la vida me ha llamado golfo», declaró a este diario en el 2015.
