El proceso de adjudicación de la plaza de toros de Zaragoza va camino de convertirse en una maraña de recursos cruzados de todos contra todos que puede tener, como mal menor, la imposibilidad de celebrar la feria taurina de San Jorge. La última actuación de uno de los licitantes, Fernando Polo, en nombre de Kranebitten 1976 SL, consiste en dirigir un escrito a la Diputación de Zaragoza (propietaria del coso) instándole a que actúe contra la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (Anoet) que, a su vez, actuando contra la institución provincial, ha motivado la paralización momentánea de la licitación.
En su escrito, Polo relata que «habida cuenta de la mala fe en la interposición del recurso por parte de la Anoet contra la Diputación Provincial de Zaragoza, así como los perjuicios ocasionados al órgano de contratación y a los licitadores, insto a la DPZ a que solicite al juez la aplicación del artículo 58.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, aplicándole una multa de entre 1.000 y 30.000 euros».
La patronal de empresarios taurinos está presidida por Simón Casas, anterior gestor del coso zaragozano y ha encabezado una política de veto de las grandes empresas al pliego de La Misericordia contribuyendo a sumar un conflicto más a los ya existentes pues, por otra parte, también está en entredicho la mercantil Circuitos Taurinos SL cuya titularidad se atribuyen tanto Carlos Zúñiga hijo (asociado con Tauroejea) y su propio padre, alineado con las tres ofertas restantes, en la órbita de Ignacio Zorita.
Independientemente de la última iniciativa de Polo, el juez Luis Carlos Martín ha ordenado la comparecencia en los juzgados de los licitadores previa convocatoria por la DPZ para el próximo miércoles 14 de marzo a fin de sustanciar si prospera la solicitud de Anoet de admitir que una misma empresa pueda avalar la solvencia técnica a varias empresas diferentes como sería el caso de Carlos Zúñiga padre.
El concurso de La Misericordia, ahora paralizado, está previsto para una gestión de cuatro años, con un canon mínimo de 150.000 euros y un máximo de 300.000 euros.
