El pliego de condiciones para la explotación de la plaza de toros de Zaragoza durante los años 2018 al 2021 ha removido los cimientos del toreo.

El coso zaragozano, gestionado por contrato hasta 2017 por la UTE Simón Casas Production lo fue en unas condiciones extraordinariamente ventajosas en respuesta a la precaria situación en que el coso quedó tras la gestión de Servicios Taurinos Serolo (cuya deuda viva con la corporación provincial asciende todavía a más de 600.000 euros).

Tal era la debacle que para una situación verdaderamente excepcional como aquella hubo de disponerse un pliego ventajosísimo fuera de mercado. Así, se pasó, de los 260.000 euros (IVA excluido) más el 20% de los ingresos no taurinos de canon anual, con obligación de dar 11 corridas de toros, 5 novilladas con picadores y 2 festejos de rejones que firmó Serolo, a los 90.000 euros que en 2017 rindió Simón Casas tras ahorrarse además la programación deficitaria de tres corridas de toros, una de rejones y tres novilladas picadas. Una notable ventaja económica sobre el anterior contrato que, no obstante, ha puesto en pie de guerra al empresariado.

EL PLIEGO ACTUAL

Tras expirar la adjudicación de la UTE de Simón Casas el año pasado no se produjo la prórroga, de tal modo que la DPZ hizo público un nuevo pliego que fija unos mínimos anuales de 150.000 euros (en los que se incluyen los gastos por suministros -agua, electricidad…- estimados en unos 20.000 euros, antes no contemplados). Asímismo, se obliga a celebrar un mínimo de 8 corridas de toros, una de rejones y tres novilladas con picadores.

Acostumbrados a las declaraciones alarmistas de los empresarios con las exigencias iniciales de los pliegos para luego superar generosamente con sus ofertas el mínimo fijado, en esta ocasión han ido más allá.

En las últimas semanas las reuniones incógnitas se han multiplicado y el reparto de consignas ha corrido como la pólvora. Convertir --como afirman-- el pliego de Zaragoza en una subasta de facto, supone según algunos empresarios, dar alas a los aventureros que realizan ofertas temerarias que luego traen consecuencias como el descalabro que dejó Serolo. Pero, de hecho, lo que subyacería es que, tras la últimas alianzas, lo que se pretendería es borrar profesionalmente a los modestos para crear en la práctica una central de compras que marcaría carteles, precios, plazas... Una contratación condicionada por acuerdos a varias bandas en la que toreros y ganaderos habrían de someterse a las tarifas y condiciones que fijaran los organizadores de modo inflexible.

GUERRA DE BLOQUES

La última fusión de poder tiene dos nombres propios: Simón Casas y Ramón Valencia (empresa Pagés, de Sevilla) que de ese modo controlarán de forma conjunta las plazas de Madrid, Sevilla, Valencia, Nîmes, Málaga y Alicante. La escueta nota de prensa tras el acuerdo decía que el objetivo es el de «potenciar todos los vectores de desarrollo de la tauromaquia priorizando el fomento de la calidad y la protección de los nuevos valores». Traducido: que van a contratar al precio de lo tomas o lo dejas.

Además, y buscando legitimidad y presión social, la Asociación de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) emitía un comunicado con referencia a los pliegos de Zaragoza y El Puerto de Santa María afirmando que «atentan contra viabilidad económica de la actividad empresarial y perjudican directamente a los intereses del sector impidiendo su continuidad y supervivencia». Días después se reunían con el mismo objetivo --presionar ante las propiedades de las plazas-- la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (presidida también por Simón Casas), la Fundación del Toro de Lidia, la Unión Nacional de picadores y banderilleros españoles; la Unión de toreros y la Unión de criadores de toros de lidia.

Curiosamente, la misma postura que la patronal adoptó cuando apareció el último pliego para optar a la plaza de toros de Las Ventas de Madrid, calificado en un comnunicado de «intervencionista, anacrónico o subasta encubierta» pero que fue adjudicado a Casas-Nautalia superando, solo en el canon, nada menos que en 700.000 euros la cantidad mínima exigida por la Comunidad de Madrid. Podría concluirse pues, que del dicho al hecho…

No hace falta ser extraordinariamente avispado para concluir que lo que subyace es un frente común desde los organizadores de espectáculos taurinos para presionar a la propiedad de las plazas (sobre todo a las de titularidad pública) para rebajar las exigencias económicas y de programación separando el grano de la paja y expurgando todo lo deficitario para llevarse solo la parte rentable del negocio, las ferias.

Claro que aunque eso les une a todos, luego aparece el ansia de poder. En Málaga, por ejemplo, a sabiendas de que la explotación es tenida por todos como deficitaria, una alianza estrambótica a pérdidas compuesta por Simón Casas, Ramón Valencia, Antonio Matilla, Martínez Erice (Choperita), José Carlos Escribano y José Luis Martín Lorca habla bien a las claras de un movimiento estratégico para cortar el paso a su mayor competidor: el grupo BMF, liderado por Martínez Flamarique (cinco generaciones de la familia Chopera) más el millonario mejicano Alberto Baillères. Estos controlan San Sebastián, Logroño, Bilbao, Almería, Salamanca y Palencia.

FRENTE DE PRESIÓN

BMF, al formar parte de ANOET y sumarse al pacto de veto al concurso de Zaragoza pierde la posibilidad de equilibrio de fuerza frente a Casas, algo que una mente no demasiado avispada podría interpretar como una jugada maestra del francés o una carambola sobrevenida que, como presidente de la patronal, derriba dos pájaros de un tiro: si yo no puedo optar, tampoco Chopera y además creo un frente de presión frente a las propiedades de las plazas.

Mientras, los empresarios de cosos de segunda y tercera categoría tendrán que vivir con lo que los grandes dejen en el campo y terminarán por estar sometidos a una dependencia total en las condiciones que les impongan los grandes.