La polémica está servida entre el gobierno municipal de Zaragoza en Común (ZeC) y la oposición. En esta ocasión debido a las aprobación de las bases reguladoras de la convocatoria de once residencias temporales en el espacio creativo Harinera ZGZ, que se votó ayer en el seno de la sociedad Zaragoza Cultura. Los votos del Partido Popular, que acusan de «amaño» y el Partido Socialista, que criticaron la «endogamia», evitaron que salieran adelante.

Los concejales populares María Navarro y Enrique Collados aseguraron ayer que la convocatoria era «un auténtico amaño para que al final esas residencias se otorgasen a quien quiera Zaragoza en Común». En este sentido denunciaron el intento de Fernando Rivarés, concejal de Economía y de Cultural, por «convertir la Harinera en un coto cerrado, dirigido por amiguetes en su gestión y uso para favorecer a quien le apetezca», capitalizando «políticamente los recursos públicos de todos los zaragozanos», señalan.

Las bases de destinaban a once residencias temporales en los talleres sitos en las plantas primera y segunda de la Harinera. Los populares critican que la comisión técnica de valoración de los proyectos presentados estaba integrada por entidades controladas por ZeC: o sea, representantes de Zaragoza Cultural, del colectivo Llámalo H, que tanto Navarro como Collados consideran que han sido «favorecidos por Rivarés desde el inicio del proyecto otorgándole la gestión», los portavoces de las comisiones del propio centro y el presidente de la Junta de San José, Pablo Muñoz. Hecho que también cuestiona el PSOE, dado que «favorece la endogamia y prescinde de cualquier criterio técnico a la hora de realizar la elección», señaló la concejal socialista Lola Ranera.

Además, tanto PP como PSOE critican que todo aquel que quisiera optar a las once residencias permanentes tenían que haberse incorporado previamente a la comunidad de gestión participativa de Harinera ZGZ.

Las residencias, según las bases, no tendrían coste económico para los adjudicatarios, debiendo depositar una fianza de 250 euros; el adjudicatario tendría que participar en la Asamblea de la harinera y en al menos una de las comisiones; el periodo mínimo sería de un año y de un máximo de dos y el inicio sería el 30 de octubre del 2017, con arreglo al calendario previsto para la finalización de los trabajos de rehabilitación y equipamiento de las plantas primera y segunda del edificio.

«Es impresentable semejante sectarismo cuando hablamos de la gestión de un espacio cultural que se ha recuperado con 8,6 millones de euros de los impuestos de todos los zaragozanos», señaló María Navarro, que solicitó que «se presente una convocatoria limpia y democrática, sin dedazos, donde no haya imposiciones previas a quienes soliciten las residencias».

Por su parte, la concejal socialista Lola Ranera criticó que durante la reunicón hubiera propuestas in voce que incluso fueran modificando las bases sobre la marcha; y censuró la «falta de rigor». En este sentido solicitó una sesión monográfica para debatir el concepto de Cultura que tiene Zaragoza en Común porque «en su afán de construir un mundo paralelo» devalúa los criterios, aceptados por todos como «el trabajo, la trayectoria de los artistas o la calidad de las obras». Ranera reconoció que en las bases presentadas ayer «pesaba más la capacidad de generar actividades que el proyecto a la hora de elegir un artista residente», asemejando el trabajo al que ya realizan los centros cívicos de la ciudad.