Tras la aprobación del la legislación estatal que puso fin a la sanidad universal en España en el año 2012, la mayoría de las comunidades autónomas, entre ellas Aragón, aprobaron normativas «que intentaban poner un parche para incluir en el sistema de alguna manera a las personas excluidas por estos decretos», valora María Jesús Viñales, portavoz de la Plataforma Salud Universal de Aragón.

Pero, desde diciembre pasado, todas estas normas autonómicas, empezando por la de Valencia y siguiendo por las del País Vasco, Cataluña, Navarra, Aragón, Cantabria y Baleares, están siendo declaradas inconstitucionales. Lo son «porque el Tribunal Constitucional (TC) entiende que esas normativas autonómicas van en contra de una ley estatal, invadiendo sus competencias», puntualiza Viñales.

Pese a que el TC ya ha dictaminado que otorgar el derecho a la asistencia sanitaria es una competencia estatal, muchas comunidades siguen negándose a dejar en sin asistencia a sus residentes. Sin embargo, estas medidas son más un gesto de buena voluntad que una verdadera solución al problema.

«Muchas personas se han quedado ya con la idea de que no tienen derecho a acceder a la asistencia sanitaria. Y a menudo ocurre que, cuando acuden a demandar información sanitaria a los centros de salud, o no se entienden correctamente con el profesional que les está atendiendo, o este no les informa bien sobre los derechos adquiridos gracias a los parches puestos por las comunidades autónomas. Y a veces, a personas en riesgo de exclusión social, se les facturan servicios que no se les deberían facturar», detalla Viñales.

Desde Aragón se han intentado paliar todos estos problemas. «Una orden del año 2015 intenta incluir de alguna manera a las personas que quedaron excluidas con el Real Decreto-ley 16/2012», explica la portavoz de la plataforma. «Pero no es lo mismo que un sistema sanitario como el que estaba en vigor hasta el año 2012, en el que estaba muy claro que todas las personas, por el hecho de residir en España, tenían derecho a acceder al sistema sanitario. La actual legislación genera dudas y hay que analizar en cada caso si la persona tiene derecho o no a la asistencia».

Viñales sostiene que, dadas sus competencias, «el Gobierno de Aragón ha hecho todo lo que podía hacer. En realidad, la única manera de acabar con todo esto es derogar el decreto estatal».